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Advierten sobre una práctica muy peligrosa cada vez más utilizada por laboratorios
Un trabajo de científicos estadounidenses y austríacos pone en la mira el uso de influencers en las redes sociales.
Un estudio internacional alertó por el avance de influencers como fuente de información sanitaria y advirtió que sus contenidos pueden derivar en daños serios para la población. La publicación, realizada por investigadores de Austria y Estados Unidos en la revista The British Medical Journal (BMJ), analizó el rol que estas figuras ganaron en los últimos años como difusores de consejos vinculados a la salud, muchas veces sin formación ni rigor científico.
De acuerdo con los autores, “sus trayectorias abarcan desde profesionales de la salud calificados hasta personas sin formación médica, y su alcance abarca desde unos pocos miles de seguidores hasta millones”. Sin embargo, apuntan que “la fiabilidad de los consejos de los influencers varía considerablemente” y puede inducir a tratamientos inapropiados, autodiagnósticos erróneos, gastos innecesarios o recomendaciones que exceden los niveles seguros establecidos por organismos sanitarios.
El trabajo fue elaborado por los profesores Raffael Heiss, Steven Woloshin y Erin Willis, junto a Sneha Dave, Elena Engel y Sascha Gell, pertenecientes al Centro de Innovación Social y Sanitaria de Austria y entidades académicas de Estados Unidos. Entre los casos relevados, mencionan estadísticas de aquel país europeo: el 83% de los jóvenes de entre 15 y 25 años dijo haber consumido contenidos de salud producidos por influencers, mientras que el 31% compró suplementos, el 13% medicamentos y el 11% pruebas médicas como resultado de esas recomendaciones.
Uno de los puntos más cuestionados es la promoción de productos o prácticas sin evidencia suficiente. Citan, por ejemplo, que “las publicaciones de influencers y empresas sobre pruebas médicas populares con evidencia incierta y riesgos de uso excesivo eran principalmente promocionales, citando beneficios en el 87 % de los casos, pero mencionando perjuicios solo en el 15 %”. Y sostienen que otro estudio sobre suplementos dietarios “reveló que aproximadamente dos tercios de las dosis recomendadas excedían las recomendaciones nacionales de seguridad y el 7% superaba los límites máximos de seguridad”.
Los investigadores identifican cuatro fuentes principales de sesgo: falta de conocimientos médicos, influencia de la industria, intereses comerciales y convicciones personales. Remarcan que el fenómeno se potencia por la relación de cercanía y confianza que muchos influencers generan con su audiencia, lo que los convierte en comunicadores “altamente persuasivos”. Al mismo tiempo, advierten que la supervisión es limitada porque los algoritmos personalizan contenidos y las plataformas operan por fuera del alcance regulatorio de los países.
La falta de formación aparece como el riesgo más frecuente. “A diferencia de los profesionales sanitarios o los periodistas médicos cualificados, muchos influencers carecen de formación académica en los temas que abordan”, marcan, y mencionan el caso de Kim Kardashian, quien impulsó una prueba de detección con resonancia magnética sin respaldo científico y vinculada a sobrediagnósticos e intervenciones innecesarias. También recuerdan que incluso perfiles con estudios en salud difundieron durante la pandemia métodos no probados, como altas dosis de vitamina D o ivermectina.
En cuanto a la intervención de empresas, resaltan que existen pagos por publicaciones, productos gratuitos, convenios comerciales y marketing por comisión, algo especialmente problemático cuando involucra a médicos que promocionan prácticas o tratamientos. Según los autores, muchos usuarios no detectan estas formas de publicidad encubierta o deciden ignorarlas, ya que los influencers suelen presentarse como modelos de vida saludable.
De todos modos, señala Clarín, el análisis no demoniza el rol de estas figuras y destaca que algunos aportan información útil y desmienten mitos sobre vacunas, anticonceptivos o falsas toxinas. Para los especialistas, la clave está en avanzar con controles, exigir mayor transparencia, promover educación sanitaria y garantizar el acceso a información confiable. “No existe una solución universal”, concluyen, pero advierten que una acción coordinada entre plataformas, Estados y usuarios puede reducir los riesgos de una tendencia que, lejos de retroceder, sigue creciendo.
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