El Gobierno advirtió sobre irregularidades de la AFA, pero aclaró que no la intervendrá

La relación entre la AFA y el Gobierno Nacional transita un momento de tensión, aunque desde la Inspección General de Justicia (IGJ) descartaron cualquier posibilidad de intervención. Su titular, Daniel Vitolo, aseguró que “nadie está pensando en el Poder Ejecutivo intervenir la AFA” y afirmó que tampoco existe intención de recomendar una medida de ese tipo desde el Ministerio de Justicia.

No obstante, aclaró que la entidad sigue bajo control de la IGJ porque no completó los trámites legales para mudar su sede fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Según explicó, la decisión tomada en asamblea carece de validez hasta que se modifique el estatuto, se apruebe la reforma y se cumplan los procedimientos administrativos correspondientes.

Vitolo señaló además que la AFA no registró ante la IGJ la modificación de su estatuto ni la inscripción de su última comisión directiva, cuya asamblea fue impugnada y hoy está judicializada. También indicó que existen deudas informativas desde 2017 por inconsistencias en los balances, donde aparecen partidas globales sin detalle y montos millonarios cuyo destino no fue aclarado.

A pesar de ello, aclaró que las facultades legales del organismo son limitadas: la IGJ puede no aprobar estados contables o aplicar multas, pero no intervenir una asociación civil solo por esas observaciones.

El funcionario mencionó tres escenarios donde podría darse una intervención: por violación grave a la ley bajo control de la IGJ, por decisión de un juez penal en causas de lavado o a pedido judicial de un club afiliado. Sin embargo, descartó que alguna de estas vías esté hoy en análisis.

También apuntó a irregularidades en la Superliga Profesional, vinculada a la AFA, que debería justificar cientos de millones de dólares y cuyos movimientos contables carecerían de información detallada. Según Vitolo, cualquier intento de trasladar la sede o iniciar una nueva etapa será inválido sin antes cumplir con todas las exigencias legales pendientes.