Revuelo en Chile por una desaparecida de Pinochet que encontraron en Argentina

En agosto de 2023, en la antesala de los 50 años del golpe militar en Chile, el gobierno de Gabriel Boric presentó el Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia, una política destinada a esclarecer el destino de los desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Sin embargo, en los últimos días el programa quedó en el centro de la polémica tras revelarse que una mujer incluida en el listado oficial de víctimas habría sido encontrada con vida en la ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires.

Se trata de Bernarda Vera, profesora y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quien fue detenida el 10 de octubre de 1973 y que, según los registros, habría sido ejecutada en el puente de Villarrica. Su nombre figura en el Informe Rettig, que documentó 1.162 casos de desaparecidos y ejecutados políticos. Sin embargo, una investigación de Chilevisión aseguró haberla identificado en Argentina, donde la periodista que realizó el reportaje logró un breve contacto con la mujer, quien respondió “sí” cuando fue llamada por su nombre, aunque luego se negó a hablar y se refugió en su vivienda.

El caso generó gran revuelo político y abrió un frente de críticas hacia la administración de Boric. Los cuestionamientos apuntan, en particular, a las pensiones de reparación que reciben los familiares de Vera. “Hay dinero del Estado y miles de millones de pesos de los contribuyentes”, denunció el diputado de la UDI Jorge Alessandri. Por su parte, el legislador republicano Cristián Araya pidió la intervención de la Contraloría para determinar responsabilidades y revisar los montos percibidos por la hija de la mujer.

Ante el escándalo, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, admitió que no existe certeza de que la persona identificada en Miramar sea efectivamente Vera. Explicó que los antecedentes fueron aportados por el gobierno sueco y que aún se investiga la posibilidad de que la mujer, tras huir de Chile, haya vivido en ese país europeo antes de regresar a la Argentina. También defendió la pensión que cobra la hija de Vera, de 57 años, señalando que recibe el beneficio por contar con una discapacidad motora certificada superior al 60%.

El debate trascendió la política y alcanzó a los organismos de derechos humanos. El historiador y sociólogo Pablo Seguel pidió cautela y advirtió que “un eventual error en un proceso de acreditación no es moralmente equiparable a un intento deliberado por negar los crímenes de la dictadura”. Enfatizó además que “aclarar dudas no puede convertirse en un instrumento del revisionismo que busca reescribir la historia con mentiras”.

Por ahora, señala Clarín, la justicia chilena deberá determinar si la mujer que vive en Miramar es realmente Bernarda Vera y si su caso obliga a revisar las conclusiones del informe oficial de la Comisión Rettig. Mientras tanto, el hallazgo sacudió la agenda política y expuso las tensiones en torno a las políticas de memoria, verdad y justicia en Chile.