Adepa criticó el fallo que prohíbe la difusión de audios de Karina Milei: "Afecta la libertad de expresión"

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó su firme rechazo a la decisión de la Justicia Civil y Comercial Federal que prohíbe la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, grabados presuntamente en la Casa Rosada. La entidad señaló que la medida “limita de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa”.

“La reciente sentencia (…) es un nuevo ejemplo de esas órdenes estatales que limitan de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa”, señaló Adepa en un comunicado difundido este miércoles. La organización agregó que se opone de forma sistemática a toda acción que impida la circulación de información, “en especial cuando se trata de funcionarios públicos o hechos de relevancia institucional”.

La medida judicial se dictó luego de que el Gobierno denunciara una presunta “operación de inteligencia ilegal” destinada a “desestabilizar al país en plena campaña electoral”, mediante la filtración de audios obtenidos de forma clandestina. El fallo ordena “el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación (…) que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei”.

Manuel Adorni, vocero presidencial, aclaró en redes sociales que “la Justicia reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”.

ADEPA, sin embargo, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara: salvo en casos que afecten a niños o adolescentes, cualquier restricción preventiva que limite la circulación de información “constituye un menoscabo de la libertad de pensamiento y de expresión”. La entidad agregó que la publicación de información solo puede derivar en responsabilidades ulteriores si se comprueba algún ilícito.

Martín Etchevers, presidente de Adepa, enfatizó que “el gobierno puede promover la investigación y sanción de los delitos que puedan haber dado lugar a la grabación de los audios, del mismo modo que puede procurar la sanción de cualquier funcionario que haya violado sus deberes de secreto, pero eso no justifica la censura previa”.

La denuncia judicial, radicada en el Juzgado Federal N.º 12, también apunta al empresario Pablo Toviggino, al conductor Jorge Rial y al abogado Franco Bindi, acusados de integrar una supuesta red para alterar la campaña electoral y “generar violencia contra funcionarios del oficialismo”. Incluso se menciona la posibilidad de manipulación digital de los audios con fines políticos.

Para Adepa, señala TN, este tipo de medidas vulnera principios constitucionales: “Las prohibiciones preventivas (…) son contrarias al artículo 14 de la Constitución Nacional y afectan el derecho de la ciudadanía a informarse y conocer hechos de relevancia pública que pueden —o no— influir en la formación de la opinión pública”.