Milei desafía al Congreso y a la Justicia: puso en disponibilidad a más de 300 trabajadores del INTA

En una medida que reaviva el conflicto institucional, el gobierno dispuso la “disponibilidad” de cientos de empleados de organismos agrarios, entre ellos el director nacional del INTA, pese a una cautelar judicial y a la derogación de un decreto en el Senado.

El gobierno de Javier Milei volvió a tensar la relación con los otros poderes del Estado. En las últimas horas, avanzó con una resolución que pone en disponibilidad a más de 300 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y otros organismos, ignorando tanto un fallo judicial como una votación reciente del Congreso que había frenado ese plan.

La medida fue oficializada en la madrugada del 21 de agosto mediante la Resolución 1240/2025, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicada en el Boletín Oficial. Entre los afectados se encuentra Ariel Pereda, director nacional del INTA designado por concurso, junto a otros 287 empleados de ese organismo. También alcanzó a ocho trabajadores del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y a 51 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

La decisión constituye un abierto desafío a una cautelar dictada por la jueza federal Rita Ailán, que había prohibido al Ejecutivo aplicar cambios estructurales en el INTA, y a la votación en el Senado que derogó por amplia mayoría el Decreto 462/2025, norma que habilitaba la intervención de autarquías estatales.

El alcance de la disposición quedó plasmado en un anexo de nueve páginas que detalla la nómina de trabajadores en situación de disponibilidad. Esta condición implica la virtual suspensión de sus funciones y abre la puerta a eventuales despidos en las próximas semanas, lo que generó gran incertidumbre en el ámbito científico y agropecuario.

El conflicto se enmarca en la estrategia del oficialismo de aplicar la llamada “motosierra” sobre el aparato estatal. En julio, el gobierno ya había disuelto el INASE y el INAFCI, y había avanzado en modificaciones profundas en organismos como el INTA, el INV y el INTI, bajo el argumento de recortes presupuestarios y despolitización.

Fuente: Bichos de Campo