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La causa contra Frany, a Buenos Aires: la opinión de dos abogados

Maximiliano Gorg, a cargo de la defensa de la influencer y Virginia Stacco, en representación de un grupo de damnificados explicaron sus posturas respecto de lo resuelto en las últimas horas.

El abogado Maximiliano Gorg, defensor de la influencer bahiense Francisca “Frany” Pérez, negó que su clienta haya cometido estafa y aseguró que el traslado de la causa a la Ciudad de Buenos Aires no le genera inconvenientes. “Allá no se la está investigando por defraudación, sino por una contravención por reventa de entradas, que está admitida por ella”, explicó esta mañana en diálogo con La Brújula 24.

El letrado indicó que su intervención no fue para oponerse al cambio de jurisdicción, sino para pedir claridad sobre el estado procesal de su defendida antes del traslado. “La única oposición que hice yo no fue formal respecto a que lo que había dicho -Gustavo- Zorzano está mal o lo que dijo Mercuri ahora está mal, lo único que pedí es que se aclare antes de remitir la causa la situación procesal de los clientes”, señaló.

Gorg también comparó el caso de Pérez con el de otra influencer, Julieta Abed, quien fue utilizada por el mismo denunciado, el empresario Julián Bisignano, para una maniobra similar. “Es exactamente la misma. Es más, los montos de la denuncia de Abed son aproximadamente 250.000 dólares, y acá más o menos 280 millones de pesos, más o menos la misma plata”.

Además, sostuvo que si bien la reventa de entradas está prohibida, no puede confundirse con un delito penal. “Si vos revendés entradas y la reventa está prohibida, es contravención, tenés que pagar una multa. Me parece fantástico, es razonable”.

Aunque remarcó que preferiría que la causa quede en Bahía “porque los damnificados están acá”, aclaró que no apelará la decisión judicial. “No hice una observación técnica. Solamente dije: che, antes que se vaya, estaría bueno que el fiscal acá explique bien cómo fue la maniobra y resuelva el estado procesal de mis clientes”.

Consultado sobre una posible acción civil por parte de los denunciantes, Gorg explicó que “hasta acá hemos tenido dos mediaciones nada más, previas, administrativas, que no arribaron a un acuerdo”. Y concluyó: “Esperemos ahora que los damnificados puedan interponer sus recursos y ojalá se mantenga acá en Bahía”.

Stacco habló de asociación ilícita

A su turno, María Virginia Stacco, abogada de un grupo de denunciantes, dejó sus impresiones, a partir de la decisión respecto a la competencia del expediente: "La calificación depende del fiscal y es muy provisoria. Hay una opinión del Juez de Garantías que no descartó la defraudación. El hecho es una defraudación que derivó en daño patrimonial para las víctimas".

"Si bien los hechos pueden ser delitos o contravenciones, acá se configura en una estafa. Hay varias cosas que discutir para que la causa tramite en Buenos Aires y no alcanza con una acumulación de hechos, sino que debería pensarse en una asociación ilícitas, desestimando que se trata de hechos aislados", afirmó Stacco.

Y recalcó que "no se puede correlacionar los hechos por las dos personas sindicadas, la única forma de acumular las causas implicaría entender que se trata de una asociación ilícita. No sé qué opinan el fiscal y el juez. Las estafas que tramitan en Capital Federal son por conductas iniciales diferentes".

"Esperemos que por la cantidad de damnificados que hubo, la causa siga tramitando en Bahía Blanca para que los estafados tengan a sus defensores conocidos de la ciudad y no otros matriculados ajenos a este ámbito. Creo que, por más que sean contravenciones, el delito de estafa está claro y lo vamos a seguir sosteniendo", finalizó la letada.

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