La Provincia prorrogó el estado de emergencia en Bahía Blanca

El gobierno de la provincia de Buenos Aires prorrogó hasta fines de mayo el estado de emergencia en siete distritos del sudoeste bonaerense, seriamente afectados por el temporal del 7 de marzo. La medida fue oficializada mediante el Decreto 874/25 y alcanza a los municipios de Bahía Blanca, Coronel Rosales, Villarino, Puán, Coronel Suárez, Adolfo Alsina y Guaminí. La prórroga busca sostener el ritmo de las tareas de reconstrucción y recuperación de servicios esenciales en la región.

El decreto responde a pedidos formales del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y del Ministerio de Salud provincial, que advirtieron sobre los severos impactos del temporal en la infraestructura vial y sanitaria. La norma destaca que las consecuencias incluyeron cortes de caminos, daños en vías de comunicación y afectación directa al sistema de salud local. En ese sentido, se considera que mantener la emergencia resulta clave para dar continuidad a obras y procedimientos que de otro modo se verían demorados.

Como se sabe, uno de los casos más críticos fue el del Hospital Penna bahiense, que quedó cubierto de barro tras la tormenta y debió ser reacondicionado en medio de una situación sanitaria compleja. Desde la cartera de Salud, que conduce Nicolás Kreplak, aseguraron que necesitan más tiempo para “garantizar la atención integral y de calidad” y para recuperar plenamente las capacidades operativas. Infraestructura, por su parte, remarcó que aún deben iniciarse procesos clave para asegurar la respuesta adecuada a los daños.

La declaración de emergencia permite agilizar contrataciones, dirección de obras y coordinación entre organismos del Estado, habilitando acciones excepcionales que normalmente demandarían tiempos administrativos más prolongados. Con la firma del gobernador Axel Kicillof, señala el portal Infocielo, la extensión del estado de emergencia renueva el compromiso con los municipios afectados, al menos hasta que las condiciones permitan retomar la normalidad en los servicios básicos y la infraestructura crítica.