Diputados acelera el debate por la baja de edad de imputabilidad

El asesinato de Kim Gómez en La Plata reavivó el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad en Argentina. A instancias del presidente Javier Milei, el oficialismo convocó a un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados para acelerar el tratamiento del nuevo régimen penal juvenil. El Gobierno propone reducir la edad de imputabilidad a 13 años, aunque la falta de consenso sobre el texto final evidencia la complejidad de la problemática. Según la diputada Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, la reforma no solo implica modificar la edad, sino también definir delitos punibles, sanciones y políticas de reinserción social.

El proyecto oficialista presentado en julio pasado establece un sistema de penas graduales según la gravedad del delito. Para delitos con penas de hasta seis años de prisión y sin implicancia de muerte o violencia grave, se contemplan sanciones alternativas como amonestaciones, restricciones de contacto con la víctima o prohibiciones de circulación. En casos más graves, las penas podrán cumplirse en domicilios, institutos abiertos o centros especializados para adolescentes. Esta estructura penal escalonada se refleja en otros proyectos presentados en el Congreso, aunque varían en la edad de imputabilidad, con propuestas que oscilan entre los 13 y los 15 años.

El principal bloque opositor, Unión por la Patria, rechaza la reducción de la edad de imputabilidad y sostiene que los menores de 16 años representan menos del 1% de los delitos graves en Argentina. Argumentan que la criminalización temprana puede aumentar la reincidencia delictiva, citando estudios que indican que el 83% de los delincuentes adultos que pasaron por institutos de menores reinciden, mientras que la tasa de reincidencia desciende al 8% en quienes no fueron institucionalizados. Sin embargo, dentro del mismo espacio, el Frente Renovador impulsa una iniciativa propia que propone bajar la edad a 14 años para delitos de acción pública.

Tras siete reuniones de comisión con especialistas, el oficialismo busca avanzar hacia un dictamen, aunque las divergencias dificultan la unificación de un texto consensuado. Rodríguez Machado enfatizó la necesidad de concretar la reforma: "No podemos seguir mirando para otro lado mientras los delitos se multiplican. El régimen penal juvenil es clave para garantizar justicia a las víctimas y dar oportunidades de resocialización, pero con un mensaje claro: el que comete un delito debe pagar por ello".

Con información de La Nación