El Gobierno evalúa designar jueces de la Corte Suprema por decreto

En un contexto de tensas negociaciones en el Congreso, el Gobierno nacional considera un atajo polémico: nombrar por decreto a los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema de Justicia. Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en una entrevista con Radio Mitre.

"Son todas las alternativas que tenemos en análisis, pero todavía no tomamos una decisión al respecto", expresó el funcionario. Además, remarcó que "la propuesta no fue tratada por el Senado y la Corte va a quedar con tres miembros", por lo que desde la Casa Rosada "hay una preocupación" para que "la Corte esté integrada".

Si bien desde el Ejecutivo evalúan esa posibilidad, el jefe de Gabinete aclaró que "en la historia argentina hay de todos los casos" y "lo mejor sería que lo designe el Senado". En esa misma línea, sostuvo que lo ideal sería que la Cámara alta designe a los nuevos jueces de la Corte Suprema, aunque remarcó que "cuando estás en minoría todo cuesto mucho más".

No obstante, Francos aseguró que imagina cómo serán "los debates sobre estos pliegos" y las negociaciones pertinentes. "Ya tendremos más legisladores para tener una posición más fuerte y una decisión más fluida", proyectó el funcionario.

A pesar de las complicaciones, las negociaciones para la designación de Ariel Lijo parecen avanzar. Incluso el kirchnerismo, tradicionalmente reacio a ciertos consensos, dio señales de respaldo al dictamen que avala su candidatura. Con nueve firmas, el pliego podría llegar al recinto para su votación. Sin embargo, la gran incógnita sigue siendo si alcanzarán los dos tercios necesarios para su confirmación.

Por otro lado, la situación de Manuel García Mansilla es aún más incierta. Su pliego cuenta con apenas seis firmas, lo que refleja las dificultades para consolidar apoyos. Mientras tanto, el Gobierno busca alternativas para evitar que el tribunal opere con una vacante adicional, ya que a partir de diciembre, Juan Carlos Maqueda cumplirá 75 años, alcanzando el límite constitucional de edad para ejercer.

La Constitución Nacional permite extender el mandato de los jueces hasta cinco años más, pero requiere que el presidente proponga la continuidad y que el Senado la ratifique.

Con información de El Cronista