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Cerraron la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños en la última dictadura

La medida se hizo oficial a través de la publicación del decreto 727/2024, que alega que las facultades de este organismos violentaban la división de poderes que establece la Constitución Nacional.

El Gobierno nacional decidió clausurar la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños durante la última dictadura militar, que operaba bajo la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). Esta medida se tomó argumentando que los objetivos de dicha unidad podrían comprometer la división de poderes establecida por la Constitución Nacional. La decisión se oficializó a través del decreto 727/2024, que deroga el decreto 715 de 2004, mediante el cual se había creado esta unidad.

La unidad especial se encargaba de asistir a la CONADI en diversas solicitudes judiciales y fiscales relacionadas con la desaparición de niños durante la dictadura, además de poder realizar investigaciones de oficio. Esta capacidad le otorgaba acceso directo e irrestricto a archivos de organismos dependientes del Poder Ejecutivo, incluyendo las Fuerzas Armadas y de Seguridad, una facultad que el Gobierno ahora considera que invadía competencias propias del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sostiene que permitir a un organismo del Ejecutivo llevar a cabo funciones jurisdiccionales es inconstitucional. Para sustentar esta postura, se citó una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2005, que establece que otorgar facultades judiciales a órganos de la administración va en contra de los artículos 18 y 109 de la Constitución Nacional, los cuales garantizan la defensa en juicio y prohíben al Poder Ejecutivo ejercer funciones judiciales.

En este contexto, el Gobierno enfatizó la importancia de que la investigación de crímenes cometidos durante la dictadura se realice bajo la autoridad del Poder Judicial, para proteger los derechos fundamentales, esclarecer los hechos y garantizar el castigo de los responsables. Además, se mencionó que la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, dependiente de la Procuración General de la Nación, ha creado una “Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado”, con el objetivo de continuar con estas investigaciones bajo un marco constitucional adecuado.

Con información de Infobae

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