El Gobierno oficializó decretos sobre Malvinas anunciados por Milei en cadena nacional

El Gobierno nacional oficializó este viernes los decretos 867/2026 y 868/2026, anunciados por el presidente Javier Milei durante la cadena nacional dedicada a la cuestión Malvinas. Las normas fueron publicadas en el Boletín Oficial y contemplan mayores recursos para Defensa y controles sobre la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

El Decreto 867/2026, dictado como DNU, modifica el Presupuesto Nacional y reasigna fondos a distintas áreas estratégicas. Entre ellas se encuentran el Ministerio de Defensa y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), con el objetivo de incorporar, modernizar y recuperar equipamiento para las Fuerzas Armadas.

Parte de esos recursos estarán destinados a avanzar con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego y fortalecer las capacidades de telecomunicaciones. El Ejecutivo busca potenciar la presencia argentina en el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida.

En tanto, el Decreto 868/2026 designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que regula las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. La medida apunta a acelerar los procedimientos administrativos contra personas o empresas que operen sin autorización nacional en las zonas vinculadas con Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

La normativa establece que los organismos del Estado deberán informar a Cancillería sobre posibles infracciones en un plazo máximo de cinco días hábiles. Una vez iniciado el sumario, los investigados tendrán diez días hábiles para presentar su descargo.

Además, las empresas que pretendan ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) deberán presentar una declaración jurada en la que aseguren que tanto ellas como sus accionistas no realizan ni realizarán actividades hidrocarburíferas prohibidas por la legislación argentina.

El paquete anunciado por Milei se completará con un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Ejecutivo prevé enviar al Congreso la próxima semana y que buscará endurecer las sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas.