Fondo buitre quiere embargar activos de Aerolíneas, del Central y el Banco Nación

El estudio de abogados inglés Burford, que tiene a su favor un fallo judicial a su favor de USD 16.000 millones en un juicio por la expropiación de YPF encabezada en 2012 por el entonces ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, quiere ir por activos del Banco Central, Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas para cobrar ese litigio.

Financial Times, uno de los medios económicos más influyentes del mundo, dice que con el argumento legal del “alter ego”, esto es, que empresas como Aerolíneas e YPF y organismos como el Banco Central y Arsat, y también el Banco Nación, son en realidad prolongaciones del Estado argentino, el acusado en el juicio, y por lo tanto sus activos en el exterior podrían ser sujetos de embargo a favor del litigante, Burford Capital.

La nota, con información de Nueva York y Buenos Aires, dice que Burford se embarcó en un “largo viaje” para hacerle pagar a la Argentina y recuerda que un caso similar, el del fondo buitre Elliott, duró quince años, incluyó la retención por más de dos meses de la Fragata Libertad en un puerto de Ghana y finalmente se llegó a un arreglo durante el gobierno de Mauricio Macri.

Esta vez, dice el FT, el caso incluye presentaciones legales “estridentes”, en que los abogados del litigantes acusan a los abogados de la Argentina de “procedimientos descarados” para frustrar los esfuerzos de “recupero” de Burford.

La nota agrega que Milei ha dicho que quiere reprivatizar YPF y otras compañías estatales y ha señalado su voluntad de pago si la apelación en curso no tiene éxito, pero que la disputa entre la Argentina y Burford es más contenciosa que nunca, según revelan los papeles del juicio. Esos papeles, asegura, también permiten un vistazo a las “dramáticas movidas” que pueden seguir, con los abogados litigantes buscando permiso judicial para examinar grandes porciones del estado argentino, desde su aerolínea de bandera y su principal banco comercial (esto es, Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación, ambas con activos en los EEUU).

Según los abogados de Burford, esas empresas están llenas de llenas de nombramientos políticos de personal no calificado y son “alter egos de la República”, lo que significa legalmente no solo que son propiedad, sino también que son controladas por el estado argentino e “indistinguibles de él”. Una determinación judicial de ese tipo teóricamente facilitaría a la toma de activos por parte de los acreedores.

En su presentación a las cortes, los abogados de la Argentina han negado que los organismos en cuestión sean “alter egos” y que fallos previos de la justicia de EEUU han apoyado el argumento de que son “operacionalmente separados del Estado”.

Los abogados de Burford han pedido a la justicia de EEUU permiso para examinar cuán “estrechamente relacionados” están algunas compañías con el Estado. Y cita allí a la propia YPF (objeto original del juicio), que tiene un valor de mercado de USD 10.700 millones y el Estado argentino es dueño del 51 por ciento. También argumentan que gobiernos previos han usado YPF para designar amigos políticos y para fijar el precio local de los combustibles, lo que evidenciaría que “es un brazo del Estado”, por lo que pidieron que la Justicia le ordene a la República transferirles sus acciones en YPF. La empresa, recuerda la nota, tiene activos petroleros y gasíferos valiosos, incluida la formación Vaca Muerta.

La intención de los demandantes es forzar a la Argentina a negociar, pero el FT cita que “gente cercana a la Argentina ninguno de esos activos estaría al alcance de los acreedores y que las acciones de YPF son “absolutamente inmunes” a un embargo.

Además dijeron que no hay ninguna negociación en curso con los litigantes mientras sigue el juicio. En su cuenta en la red social X, Maril posteó hoy que esa postura es un “gran error y costosa decisión. La historia nos lo dice”.

Fuente: Infobae