Diputados le dio media sanción al proyecto de ley contra el lavado de activos

La Cámara de Diputados aprobó y giro en revisión al Senado el proyecto de prevención y persecución de lavado de activos, que tiene como ejes centrales las modificaciones al Código Penal, la reforma de la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales.

La iniciativa fue aprobada por 112 votos contra 96, y 5 abstenciones ya que respaldaron el dictamen de mayoría el Frente de Todos y Provincias Unidas, mientras que lo hicieron en contra Juntos por el Cambio, el interbloque Federal y la izquierda.

Los legisladores que se abstuvieron fueron Carlos Zapata y Paula Omodeo de JXC, y los tres diputados del FDT (Frente Patria Grande) Federico Fagioli, Natalia Zaracho, e Itai Hagman.

La sanción de esta iniciativa es considerada clave para el Gobierno ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.

La iniciativa convierte a la Unidad de Información Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.

Otro punto importante es que se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y, en ese sentido, se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.

En ese sentido se crea el Registro de Proveedores de Servicios Virtuales que estará a cargo de la Comisión Nacional de Valores que debe detectar eventuales operaciones de sospechosas por medio de activos virtuales como las criptomonedas.

En cuanto a la pena para el lavado contemplada en el Código Penal se aumentó la pena de $300.000 a $ 8,6 millones y en el futuro se establecerá como unidad de medida de actualización el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Fuente: Télam