“Ya no hay excusas”, aseguró Mónica Cid

El Gobierno reglamentó la Ley 27.590 “Mica Ortega”, sancionada en noviembre de 2020 y que crea el Programa Nacional de Prevención y Concientización sobre el Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes.

El Decreto 407/2022, que fue publicado en el Boletín Oficial en las últimas horas, detalla que esta norma busca sensibilizar y generar conciencia en la población a través del uso responsable de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) y de capacitación de la comunidad.

El nombre de la ley homenajea a Micaela Ortega, la niña de 12 años que desapareció el 23 de abril de 2016 en Bahía Blanca tras encontrarse con Jonathan Luna, un hombre de 28 años que se servía de cuatro cuentas de Facebook, todas con identidades falsas, para hacerse pasar por una niña e interactuar con otras chiquitas.

Luna, tras entrar en confianza con Micaela, terminó por asesinarla en un descampado.

Al respecto, Mónica Cid, madre de Micaela, contó en La Brújula 24 que “la ley ya estaba puesta en práctica por más que no estaba reglamentada, pero hoy esto significa que ya no hay excusas, que en todo el país tienen que estar hablando de esta problemática”.

“La ley nos ayuda a facilitar que los grandes prestadores de servicios de Internet tengan responsabilidades al respecto”, manifestó. Y manifestó que “esto es básicamente eso, no tener excusas porque la ley ya está reglamentada”.

“En el caso de urgencia, que fue lo que nos pasó a nosotros, porque tardaron 25 días en dar con Jonathan Luna, ahora tienen que responder las plataformas”, recordó.

Qué dice el decreto de reglamentación

La reglamentación de la normativa dispuso la creación del Observatorio del Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.

Sus objetivos serán señalar cuando no se cumpla la ley y elaborar un informe anual sobre la implementación del Programa y el cumplimiento de la norma.

Además, impulsará capacitaciones para el uso responsable de las TICs y relevará su utilización en los entornos digitales de niños, niñas y adolescentes para identificar modalidades de vulneración de derechos en estos espacios.

El Ministerio de Desarrollo Social presidirá el Observatorio, que también será integrado por representantes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), y de los ministerios de Educación y de Justicia y Derechos Humanos. También lo integrarán la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de ministros, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), organizaciones no gubernamentales, universidades nacionales, expertos independientes y periodistas especializados.

Por otra parte, la reglamentación creó la Unidad de Coordinación Administrativa Interministerial, en el ámbito de la Senaf, para “abordar de forma integral las acciones necesarias para la plena implementación” de la ley y monitorear su cumplimiento.

También dispuso la creación de un Comité Asesor sobre el Uso Seguro y Responsable de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que elaborará recomendaciones y propondrá articulaciones entre organismos estatales y no estatales para colaborar en el cumplimiento de la ley.

Con info de Página 12