Mafia de la Uocra: condenan a todos los imputados

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº2 de Bahía Blanca dio lectura al fallo en el marco del juicio a los ex dirigentes de la Uocra local acusados de conformar una asociación ilícita para extorsionar a trabajadores y empresarios de Bahía Blanca y la zona.

Las penas más severas dictadas por el doctor Eugenio Casas recayeron contra José Bernardo Burgos, quien fue condenado a 15 años de prisión, mientras que Guillermo Molina recibió 13 años de cárcel. Cabe recordar que el fiscal Gustavo Zorzano había solicitado 16 y 14, respectivamente.

Walter Rafael Paiz –otro de los miembros de la organización criminal– fue sentenciado a pasar ocho años tras las rejas, Mario Matías González a seis años y medio y cuatro años para Sabino Ríos, penas muy similares a las que había solicitado el representante del Ministerio Público.

El debate oral que inició a finales de marzo, se vio postergado en varias ocasiones, luego de que algunos de los integrantes del juicio se vieran afectados por Covid, incluyendo al propio Zorzano y al exlíder gremial, Humberto Monteros, quien terminó falleciendo por complicaciones derivadas de la enfermedad.

“APRIETES” EN BAHÍA Y LA REGIÓN

En la acusación y los alegatos finales, el Fiscal Gustavo Zorzano describió la metodología que la organización criminal desplegó como parte de su accionar entre el 11 de noviembre de 2005 (fecha en que Humberto Arnaldo Monteros fue designado por primera vez Secretario General) y el 11 de enero de 2018.

“Valiéndose de los cargos dirigenciales, de la función de delegados del gremio o simplemente de la condición de colaboradores y afiliados en la seccional bahiense y la delegación Coronel Suárez de la Uocra, conformaron una asociación ilícita destinada a amenazar, coaccionar y/o extorsionar a profesionales independientes y directivos o representantes de empresas que realizaban obras civiles, viales, eléctricas y de infraestructura en general”, precisó.

De acuerdo con el Fiscal, la organización delictiva instaba a los damnificados a “aceptar condiciones laborales no exigidas por la legislación vigente”, a “contratar a trabajadores de una ‘bolsa de trabajo’ impuesta por el sindicato sin posibilidad de elección” y a “abonar injustificadas sumas de dinero en beneficio personal de los integrantes de la asociación ilícita”.

Asimismo, enumeró Zorzano, los procesados hacían contratar servicios gastronómicos, vestimenta de trabajo, servicios de baños químicos y transporte para los dependientes, “a comercios pertenecientes a los dirigentes sindicales Humberto Arnaldo Monteros y José Bernardo Burgos, y/o a familiares y/o personas vinculadas con éstos”.

Precisó además que la organización ilícita impidió a dirigentes de otras organizaciones gremiales relacionadas con la industria de la construcción, “ejercer libremente la actividad sindical, mediante amenazas, coacciones y daños a la propiedad”, para dejar en claro que Humberto Arnaldo Monteros y José Bernardo Burgos (Secretario General y Adjunto de la U.O.C.R.A, respectivamente) “actuaban como jefes de la organización criminal”.

DENUNCIA DE LA EXGOBERNADORA VIDAL

La causa investigaba la conformación de una asociación ilícita “destinada a amenazar, coaccionar y extorsionar a profesionales independientes y directivos o representantes de empresas que realizaban obras civiles, viales, eléctricas y de infraestructura en general”, entre otras conductas que también se le atribuye a esta organización criminal.

Se logró determinar que las personas involucradas tenían distintas actividades asignadas por las autoridades que estaban al frente del gremio de la construcción desde el año 2005.

La investigación se inició en septiembre del 2017 tras la denuncia pública de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, quien tras una recorrida por la región constató que algunas obras se encontraban detenidas.

Algunos empresarios le dijeron que el costo UOCRA les hacía imposible seguir adelante con las obras.

En conferencia de prensa la primera mandataria denunció las maniobras de la UOCRA y después el Fiscal Gustavo Zorzano inició la causa.

En junio de 2019, el fiscal logró concluirla recolectando los elementos de prueba para elevar el expediente a juicio.

El juicio debía comenzar en abril de 2020, pero fue suspendido por la pandemia de Covid.

Se fijó para septiembre de ese mismo año, pero nuevamente se pospuso por la misma razón.