Sindicalista ofreció devolver más de US$ 1 millón al Estado para no ir preso

El secretario general de la seccional Entre Ríos de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende, admitió que robó dinero del Estado provincial a lo largo de dos décadas y ofreció devolver el equivalente a 1.200.000 dólares para no ir preso, pero deberá enfrentar la continuidad de cuatro juicios y la posibilidad de cumplir cinco años de prisión efectiva.

El juez Elvio Osir Garzón rechazó el acuerdo de juicio abreviado que promovió el Ministerio Público Fiscal y la defensa de Allende, ex diputado provincial, quien admitió los delitos de los que se le acusó, aunque no consiguió su propósito de evitar la consecución de los juicios y evitar la cárcel a cambio del pago mencionado.

En el proceso judicial, Allende admitió que durante los últimos 22 años se quedó con dinero del Estado.

"¿Usted reconoce ser el autor de esos hechos que se le imputaron?", preguntó el magistrado. "Sí, señor juez", respondió el sindicalista, quien tiene un patrimonio estimado en 4,5 millones de dólares. Según la investigación, Allende logró su fortuna a través de su vínculo con la política y su "estrecha" relación con los diferentes gobernadores entrerrianos.

A raíz de ese delito Allende quedaría inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos y en el marco del acuerdo con la Fiscalía se prevé que devuelva 3 millones de pesos en efectivos y dos inmuebles: una casa ubicada en el Parque Urquiza, con vista al Río Paraná, valuada en 720.922 dólares; y otra de 378.289 dólares.

El acuerdo presentado ante la Fiscalía -finalmente desestimado por el juez- incluía un beneficio para el gremialista para evitar ir a prisión, porque la pena establecida es de dos años y ocho meses.

No sólo Allende iba a ser beneficiado en la causa, sino también quedarían sobreseídos sus hijos, Julio, Victoria y Carolina; su actual esposa, Adriana Satler; y su ex, Diana Traverso. Todos ellos están involucrados en la investigación porque pudieron haber oficiado de testaferros y, salvo Traverso, habían sido ubicados por el sindicalista en distintas reparticiones del Estado.

Además, el dirigente peronista, quien está acusado públicamente por hostigamientos, desde la década del 90 es uno de los dirigentes más relevantes del poder político entrerriano y con su confesión puso en aprietos a los últimos gobernadores de la provincia litoraleña.

Fuente: Diario Popular