Juicio a masajista por extorsión: fiscal afirma que "el delito prevé una pena de hasta 10 años"

Minutos antes del inicio del juicio contra Stella Maris Distel, la masajista de Puan acusada de extorsionar a un cliente mediante amenazas de divulgar imágenes íntimas, el fiscal Rodolfo De Lucía brindó detalles sobre la acusación y la evidencia reunida en la causa. El funcionario confirmó que la imputación es por el delito de extorsión y señaló que la situación se habría prolongado durante casi tres años.

"La acusación, en cuanto a la calificación del delito, es extorsión, a partir de las amenazas de forzar a la persona a entregar dinero o bien otros bienes. Se prolongó por casi tres años la situación en la que la víctima depositó o brindaba efectivo, la suma es grande porque se extendió por muchos meses", explicó el fiscal en diálogo con La Brújula 24.

Según detalló De Lucía, la investigación permitió documentar transferencias por cuatro millones de pesos, monto que actualizado sería significativamente mayor, además de la entrega de distintos objetos. "A todo esto se le suma artículos que se compraban en Mercado Libre. Hablamos de una balanza porque un cliente se la había roto, un reloj y herramientas", indicó.

"Amenazaba con hacer públicas las fotos, viralizar en las redes y lugares de trabajo, en un pueblo como Puan que es chico y el daño es mayor", sostuvo el fiscal.

Respecto de la calificación legal, explicó que la extorsión prevé una pena más grave que el chantaje. "Respecto del delito del chantaje es más leve, la extorsión tiene una expectativa de pena de 5 a 10 y la defensa consideró que se trata la primera calificación que prevé de 3 a 8. Para nosotros una foto no es un secreto, no es que se va a acusar a la persona de haber hecho algo, lo que busca es causar un daño en sí mismo", señaló.

De Lucía aclaró además que el caso no encuadra en situaciones de difusión de imágenes íntimas conocidas como porno-venganza. "Esto es distinto a los casos en los cuales las víctimas son chicas que compartieron imágenes de manera consentida y luego divulgadas, a diferencia del caso puntual de este juicio", precisó.

En cuanto a las pruebas, el fiscal mencionó que se registraron alrededor de 30 transferencias realizadas durante el período investigado y que el expediente incluye conversaciones extraídas de teléfonos celulares. "El caso llegó a debate porque la defensa no quiso cerrar un juicio abreviado que nosotros les ofrecimos. Lo grave de la extorsión es que el piso de la pena es altísimo, veremos cuánto solicitaremos", sostuvo.

Finalmente, explicó que la imputada cuenta con el beneficio de arresto domiciliario por cuestiones de salud vinculadas a hipertensión, aunque permanece en prisión preventiva por la elevada expectativa de pena. Además, señaló que, según lo investigado, la mujer ofrecía servicios de masajes y actividades afines, sin que las víctimas hayan referido otro tipo de prestaciones.

"El juicio no se va a extender mucho más allá de hoy por todo lo que está documentado, incluso los diálogos en los teléfonos", concluyó el fiscal.