"Ocultaba cámaras en percheros", dijo el fiscal sobre el detenido por filmar a mujeres

El fiscal Rodolfo De Lucía brindó nuevos detalles sobre la investigación que derivó en la detención de Gustavo Alexis Cartés Molina, el ciudadano chileno acusado de producir material de abuso sexual infantil mediante cámaras ocultas instaladas en baños de viviendas particulares.

En diálogo con La Brújula 24, el funcionario judicial explicó que la causa comenzó hace aproximadamente dos años, a partir de mecanismos de vigilancia digital destinados a detectar el intercambio de archivos de abuso sexual infantil a través de internet.

Según precisó en su charla con el periodista Germán Sasso, existen sistemas de monitoreo que permiten identificar a usuarios que comparten ese tipo de contenido mediante programas como Torrent o eMule. A partir de una alerta vinculada con Bahía Blanca, los investigadores comenzaron a seguir los movimientos del sospechoso.

En una primera etapa, la pesquisa estuvo orientada a determinar la posible tenencia y distribución de material ilegal. Como parte de las medidas judiciales, se realizó un allanamiento en el que se secuestraron computadoras, discos rígidos, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

El análisis de esos elementos demandó un tiempo considerable debido a la cantidad de archivos almacenados. Sin embargo, durante las pericias apareció una situación que modificó el rumbo de la investigación: una importante cantidad de grabaciones había sido realizada por el propio acusado.

“Lo que nos encontramos en realidad fue con una gran cantidad de material producido por el propio imputado”, señaló De Lucía.

El fiscal explicó que las imágenes habían sido obtenidas mediante pequeñas cámaras colocadas estratégicamente en baños. Incluso, durante el procedimiento se encontró uno de esos dispositivos, diseñado para pasar inadvertido. “Estaban en un perchero”, describió el funcionario judicial, quien detalló que se trataba de un elemento que simulaba un accesorio para colgar ropa u otros objetos.

El aparato contenía una cámara de dimensiones reducidas que registraba las imágenes en una tarjeta de memoria. De acuerdo con lo explicado, no se comprobó que pudiera manejarse a distancia, por lo que el sospechoso debía retirarlo posteriormente para acceder a las filmaciones.

De Lucía indicó que los investigadores consiguieron identificar algunos de los lugares donde se realizaron las grabaciones y también a varias víctimas, entre ellas menores de edad.

Los registros correspondían principalmente a baños de viviendas particulares a las que el acusado tenía acceso. En algunos casos, aprovechaba su presencia en una casa para solicitar permiso para utilizar el sanitario y colocar allí el dispositivo.

“Hasta donde creemos, todas estas filmaciones de baños particulares son lugares a los que él tenía acceso directo”, sostuvo el fiscal.

La investigación permitió establecer que entre las personas registradas había niñas de corta edad y también mujeres adultas, algunas de entre 40 y 50 años. Según De Lucía, no se advirtió un patrón específico relacionado con las edades de las víctimas.

El funcionario también aclaró una situación vinculada con el Club Olimpo, institución en la que trabajó el detenido. “Él trabajó allí, pero no tenemos ningún dato de cámara oculta dentro del club”, afirmó, diferenciando las grabaciones realizadas en domicilios particulares de otro material encontrado en los dispositivos.

En ese sentido, explicó que también se detectaron numerosas filmaciones efectuadas con teléfonos celulares en la vía pública, comercios y lugares de trabajo. En esos registros aparecían mujeres que aparentemente desconocían que estaban siendo grabadas, con tomas dirigidas hacia determinadas partes de sus cuerpos.

Entre los sitios mencionados por el fiscal figura una verdulería, aunque aclaró que esas imágenes habían sido captadas con un celular y no mediante cámaras instaladas en baños.

De Lucía precisó que la imputación por producción de material de abuso sexual infantil se concentra en las grabaciones de menores de 18 años obtenidas en situaciones de intimidad.

Finalmente, el fiscal señaló que, pese al importante volumen de archivos analizados, hasta el momento no se encontraron elementos que permitan afirmar que el acusado comercializaba las imágenes. “No tenemos constancia de si vendía ese material”, concluyó.