Torres reclamó por las vacantes en la Corte: "Estamos por debajo del mínimo para sesionar"

En el marco de las actividades por los 50 años del último golpe de Estado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Gabriel Torres, llegó a Bahía Blanca para participar de un acto de reparación del legajo de Miguel Santiago Bacasún, trabajador judicial secuestrado y desaparecido durante la última dictadura militar. La agenda también contempla el descubrimiento de placas conmemorativas en la Cámara y en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).

Durante su visita, el magistrado dialogó con Bahía Hoy, por La Brújula 24, y abordó distintos problemas que atraviesa el Poder Judicial provincial, entre ellos la falta de jueces, las demoras en la resolución de causas, el crecimiento de las denuncias por delitos sexuales y los desafíos que plantea el avance de la tecnología.

Uno de los principales planteos estuvo relacionado con la situación de la Suprema Corte, que actualmente funciona con apenas tres de los siete integrantes previstos.

“Nosotros tenemos cuatro vacantes sobre siete jueces. Estamos abajo del mínimo requerido para sesionar. Por supuesto que nos complica mucho el trabajo diario y obviamente afecta al servicio de justicia”, afirmó.

Torres explicó que el máximo tribunal viene reclamando a los poderes Ejecutivo y Legislativo que avancen con las designaciones pendientes. En ese sentido, reconoció que el Departamento Judicial de Bahía Blanca también presenta dificultades por la cantidad de cargos sin cubrir.

La magnitud del trabajo es otro de los factores que condicionan el funcionamiento del sistema. Como ejemplo, reveló que durante el último mes firmó más de 1.700 sentencias y resoluciones, entre sus funciones como presidente del tribunal y su actividad jurisdiccional.

“Uno de los trabajos pendientes que nosotros tenemos como sistemas judiciales, y hablo de todos, no de uno en particular, es la rapidez en la resolución de las causas”, señaló.

Consultado sobre el aumento de las denuncias por delitos sexuales, el magistrado planteó que no necesariamente existe un crecimiento proporcional de los hechos, sino que también debe considerarse una mayor visibilización de situaciones que anteriormente no llegaban a conocimiento de la Justicia.

“Quizá debiéramos preguntarnos si hay más casos o, en realidad, ahora los casos que había salen a la luz”, expresó. En esa línea, recordó que históricamente existió una importante cantidad de delitos sexuales que no eran denunciados, por lo que resulta complejo establecer comparaciones.

El avance de la tecnología también apareció entre las preocupaciones del presidente de la Corte. Torres explicó que muchas conductas delictivas tradicionales incorporaron nuevas herramientas y mencionó especialmente las imágenes y los videos falsificados mediante inteligencia artificial, conocidos como deepfakes.

Según indicó, la velocidad de los cambios tecnológicos representa un desafío permanente para los investigadores judiciales, que deben actualizar sus recursos y procedimientos para detectar nuevas modalidades delictivas.

Otro de los temas abordados fue la situación edilicia de los tribunales. Torres defendió el proyecto de autonomía presupuestaria y autarquía económica presentado por la Suprema Corte, que permitiría al Poder Judicial administrar recursos destinados a construir, reparar y mantener sus propios edificios.

Explicó que actualmente muchas dependencias funcionan en inmuebles alquilados que no fueron diseñados para prestar servicios judiciales. Esto obliga a realizar inversiones en instalaciones eléctricas, climatización y tecnología que pueden perderse cuando finalizan los contratos de alquiler.

Durante la entrevista también se refirió al reclamo de los jubilados judiciales por la aplicación de los incrementos contemplados en el Acuerdo 4093. En ese sentido, recordó que la Suprema Corte dictó una resolución aclaratoria para establecer que los beneficios del régimen también alcanzan al sector pasivo.

Respecto de las actividades vinculadas con los derechos humanos, Torres destacó la importancia de reparar el legajo de Miguel Santiago Bacasún, quien trabajaba en la Biblioteca de Tribunales y fue desaparecido en 1976.

El presidente de la Corte explicó que, después de su desaparición, el empleado había sido declarado cesante administrativamente por abandono de tareas.

“Lo desaparecieron y después lo echaron por abandono de tareas”, resumió Torres, quien remarcó el valor de corregir esa documentación oficial y entregar a sus familiares un legajo reparado.

La iniciativa forma parte del trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la Suprema Corte, que avanzó en la reparación de 16 legajos de trabajadores judiciales víctimas del terrorismo de Estado.

La recorrida del magistrado por la región comenzó antes de su llegada a Bahía Blanca, con visitas a juzgados de Paz de los partidos de Patagones y Villarino. Tras las actividades en la ciudad, tiene previsto trasladarse a Tornquist para participar de un encuentro de Justicia de Paz.

Torres explicó que estas visitas permiten mantener contacto directo con magistrados, trabajadores judiciales, abogados y representantes gremiales, además de conocer las necesidades de cada departamento judicial y las dificultades que enfrenta el sistema en distintos puntos de la provincia.