El Senado debate la ley de propiedad privada sin la venta de tierras a extranjeros

El Senado volverá a sesionar este jueves desde las 14 para debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque el oficialismo debió retirar a último momento el capítulo que flexibilizaba la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

La Libertad Avanza tomó la decisión después de comprobar que no contaba con los votos necesarios para aprobar ese apartado. La falta de acuerdos amenazaba con trabar el tratamiento de todo el paquete impulsado por el Gobierno.

La sesión retomará el debate que había pasado a un cuarto intermedio el mes pasado. Sin la reforma de la Ley de Tierras, el temario estará concentrado en modificaciones al régimen de expropiaciones, las ocupaciones temporarias y la Ley de Manejo del Fuego.

El Gobierno retiró la reforma de la Ley de Tierras

El capítulo eliminado proponía ampliar las posibilidades para que personas y empresas extranjeras adquirieran superficies rurales en la Argentina.

En un intento por conseguir apoyos, la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, había anticipado una modificación para permitir que los extranjeros pudieran concentrar hasta el 25% de las tierras rurales de cada provincia. La legislación vigente establece un límite del 15%.

Sin embargo, la alternativa tampoco logró destrabar las negociaciones. Gobernadores y legisladores aliados evitaron respaldar una iniciativa que había provocado cuestionamientos de sectores políticos, sindicales, productivos y sociales.

El proyecto había sido elaborado por el equipo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien sostuvo que las restricciones actuales representan un obstáculo para la llegada de inversiones.

La controversia también generó una convocatoria para movilizarse en las inmediaciones del Congreso. Pese a que el capítulo fue retirado, organizaciones gremiales, sociales y políticas mantuvieron la concentración prevista para este jueves.

Cambios en las expropiaciones

Uno de los principales puntos que llegará al recinto modifica diferentes artículos de la Ley 21.499 de Expropiaciones y establece condiciones más exigentes para que el Estado pueda avanzar sobre bienes privados.

La iniciativa propone que la declaración de utilidad pública tenga una interpretación restrictiva. Cada expropiación deberá identificar de manera concreta el objetivo perseguido y demostrar que la medida es necesaria, adecuada y proporcional.

También modifica la forma de calcular las indemnizaciones. La compensación deberá contemplar el valor de mercado del bien, los daños directos y, cuando se encuentre debidamente acreditado, el lucro cesante.

El monto tendrá que ser actualizado de acuerdo con la inflación y sumar intereses hasta el momento del pago efectivo. Además, el Estado no podrá tomar posesión del inmueble antes de haber abonado la totalidad de la indemnización.

El texto amplía, a su vez, los casos en los que un propietario podrá demandar al Estado por una expropiación irregular. La figura alcanzará situaciones en las que una restricción pública impida utilizar o disponer de un bien, aunque no exista una expropiación formal.

Las ocupaciones temporarias solo podrán disponerse ante una necesidad objetiva y urgente. Tendrán una duración máxima de 90 días, con la posibilidad de una única prórroga, y deberán ser indemnizadas.

El debate por los terrenos incendiados

Otro de los puntos centrales será la modificación de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego.

El proyecto mantiene la prohibición de cambiar el uso de los bosques nativos afectados por incendios y obliga al Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a reforzar las políticas de prevención, investigación y restauración ambiental.

Sin embargo, propone derogar una de las restricciones incorporadas en 2020, que impide durante varios años modificar el destino de determinados terrenos incendiados.

De aprobarse la reforma, algunas tierras rurales afectadas por el fuego podrían utilizarse posteriormente para emprendimientos inmobiliarios, actividades productivas o desarrollos industriales.

El oficialismo sostiene que la modificación busca proteger la propiedad privada sin reducir los controles ambientales. Distintas organizaciones ambientalistas advierten, en cambio, que el cambio podría facilitar operaciones especulativas sobre terrenos alcanzados por incendios.

Polémica por las participaciones virtuales

La sesión también comenzará con una discusión por los pedidos de los senadores Anabel Fernández Sagasti, de Unión por la Patria, y Flavio Fama, de la Unión Cívica Radical, para participar de manera remota.

Fernández Sagasti atraviesa un embarazo avanzado y cuenta con una recomendación médica de reposo, mientras que Fama fue sometido recientemente a una operación de rodilla.

La vicepresidenta Victoria Villarruel habilitó las solicitudes, aunque la participación virtual de ambos legisladores deberá ser aprobada por el pleno de la Cámara alta al comenzar la sesión.

La determinación generó cuestionamientos dentro de distintos bloques y podría convertirse en el primer foco de tensión de una jornada en la que el Gobierno buscará avanzar con una de sus principales reformas legislativas, después de haber retirado el capítulo que generaba mayores resistencias.