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Bahiense del Norte: confirman el juicio oral para Leandro Ginóbili y otras dos personas

La Justicia de Garantías elevó a debate el expediente por la tragedia del temporal del 16 de diciembre de 2023. Además del expresidente del club, están imputados Pablo Ascolani y Laura Soberón.

Foto de archivo (La Brújula 24)

La causa por la tragedia de Bahiense del Norte fue elevada a juicio oral, luego de una resolución reciente de la Justicia de Garantías que dejó a tres imputados en condiciones de afrontar el debate por el derrumbe que provocó la muerte de 13 personas durante el temporal del 16 de diciembre de 2023.

Los acusados son Leandro Ginóbili, expresidente del club; Pablo Gustavo Ascolani, ingeniero que había certificado condiciones estructurales del inmueble; y Laura Fabiana Soberón, quien se desempeñaba en el área de Habilitaciones del Municipio. La investigación principal estuvo a cargo del fiscal Cristian Aguilar, titular de la UFIJ N°1.

La decisión representa un paso clave en el expediente, que desde el inicio buscó determinar si hubo responsabilidades penales en la habilitación, mantenimiento y funcionamiento del gimnasio donde se desarrollaba una competencia de patín al momento del derrumbe.

Ginóbili había sido imputado por el delito de estrago culposo agravado por la muerte, en su carácter de máxima autoridad de la institución. Según la acusación fiscal, el exdirigente habría ignorado las alertas vigentes durante aquella jornada, por lo que debería haber suspendido las actividades que se realizaban en el club.

Ascolani, en tanto, ya había sido señalado por la Fiscalía por presuntamente violar los deberes de cuidado a su cargo al certificar en 2016 que las construcciones del club reunían condiciones de estabilidad y habitabilidad. En su momento, Aguilar sostuvo que la pared que se derrumbó presentaba “notables vicios constructivos” y que “no había nada que sujetara la pared”.

Soberón fue incorporada al expediente por su rol en el área municipal de Habilitaciones. La imputación contra la exfuncionaria está vinculada al presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de los controles administrativos que debían realizarse sobre las instalaciones del club.

La tragedia ocurrió en la sede de Salta 28, cuando una de las paredes del gimnasio se desplomó mientras se realizaba un evento deportivo. En el lugar murieron 13 personas, entre ellas deportistas, familiares y asistentes que se encontraban dentro de las instalaciones.

A lo largo de la investigación, la Fiscalía analizó expedientes administrativos, documentación técnica, informes periciales y testimonios vinculados al estado de la construcción. Uno de los puntos centrales fue determinar si las deficiencias estructurales de la pared, sumadas a las condiciones climáticas extremas de aquella tarde, podían haber sido advertidas o evitadas por quienes tenían responsabilidades institucionales, profesionales o administrativas.

El expediente también tuvo derivaciones paralelas. En los últimos meses, la Justicia avanzó sobre una causa vinculada a presuntas interferencias en el trabajo de peritos oficiales, a partir del análisis de comunicaciones entre integrantes o allegados a la comisión directiva del club y profesionales que intervenían en la investigación. En ese marco se realizaron allanamientos y secuestros de teléfonos celulares.

Con la elevación a juicio, el caso ingresa en una nueva etapa procesal. Ahora será un tribunal oral el que deberá analizar las pruebas reunidas, escuchar a las partes y definir si los tres imputados tuvieron responsabilidad penal en una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente de Bahía Blanca.

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