Caso Cafasso: "No fue un accidente, fue un homicidio", dijo el abogado de la familia

A un mes de la muerte de Juan Roberto Cafasso en el gimnasio Sport Club, la causa sigue en etapa de investigación y con medidas pendientes que podrían ser decisivas para establecer responsabilidades. El caso es investigado por el fiscal Cristian Aguilar, quien en los primeros días ordenó la clausura del lugar y peritajes sobre las condiciones de seguridad del lugar.

En ese contexto, Martiniano Greco, abogado que representa a la familia Cafasso, habló con el programa "La Peña de Homero", emitido por La Brújula 24, y fue contundente al describir la postura de la parte damnificada: “No se trató, a nuestro entender, de un accidente”.

“Obviamente la familia está presentada en la causa penal como parte damnificada, atravesando con mucho dolor e impotencia, en virtud de cómo se dio el hecho y las circunstancias en que se da este homicidio”, señaló Greco.

El abogado sostuvo que la muerte era “evitable” y que, según la hipótesis de la familia, hubo una suma de omisiones vinculadas a la seguridad del lugar. “Aparentemente había una pared colocada o debía haber una pared donde no la había, no había baranda. Es decir, no se respetó ningún tipo de medida de seguridad”, afirmó.

La investigación ya había avanzado sobre ese punto: una de las líneas apunta a determinar si en los planos del gimnasio figuraba una pared en el sector desde donde cayó Cafasso, mientras el local permanece clausurado.

Greco aclaró que, por el momento, la carátula que figura en el sistema es la de homicidio culposo, aunque advirtió que la calificación legal podría modificarse en función de la prueba pendiente. “Esto es un hecho criminal. Es decir, esto es un homicidio, indistintamente si después quedase calificado como culposo o doloso”, explicó.

Según detalló, aún no se concretaron las indagatorias, instancia en la que el fiscal deberá comunicar formalmente a los imputados el hecho, la prueba reunida y la calificación legal. “Hay prueba pendiente, más que nada pericial, que va a poder determinar con precisión estas cuestiones”, indicó.

Consultado sobre posibles responsables, Greco evitó individualizar personas en esta etapa, pero remarcó que no puede descartar ninguna línea. “No puedo descartar responsabilidad de nadie: ni de las personas que administraban o eran dueñas del lugar, ni del encargado, ni del arquitecto, ni de la licenciada en seguridad e higiene, ni de los funcionarios municipales que intervinieron o que al menos tuvieron conocimiento de lo que estaba sucediendo”, sostuvo.

Uno de los puntos centrales de la investigación es la situación administrativa del gimnasio. Según había informado La Brújula 24, el Municipio inició una revisión interna para conocer detalles del expediente del local donde murió Cafasso.

Greco confirmó que la familia tuvo acceso recientemente a documentación del expediente municipal y sostuvo que allí aparece una habilitación vencida. “Había una vigencia caducada en lo que es la habilitación, y eso conlleva a intimaciones y a los organismos de control a supervisar qué sucedía ahí”, señaló.

Además, dijo que tiene constatada “una intimación a un cese de actividad por parte de Fiscalización”, aunque aclaró que todavía desconoce si el Tribunal de Faltas adoptó alguna medida posterior.

Durante la entrevista, el abogado también reveló que empleados y clientes del gimnasio declararon ante el fiscal que ya habían caído objetos desde el entrepiso. “Marcaron que desde ese entrepiso caían botellas y que fueron alertados tanto empleados como encargados del gimnasio. Incluso había, según dicen, un plan en marcha respecto a medidas de seguridad de contención para evitar que esto pase”, afirmó.

Para Greco, ese dato resulta clave porque demostraría que el riesgo era conocido. “El riesgo era evidente”, remarcó.

En cuanto a la estructura del gimnasio y el vínculo con la franquicia Sport Club, el abogado explicó que existe un contrato que fue secuestrado durante los allanamientos ordenados por Aguilar, aunque todavía resta determinar cómo era la operatoria comercial y la distribución de responsabilidades entre la franquicia y el franquiciado.

Sobre el contacto con la familia, afirmó que no hubo comunicación personal de responsables del gimnasio. “Sé que ha habido un intento de comunicado por Instagram, una especie de disculpas hacia la familia, pero personalmente no hubo ningún tipo de contacto”, dijo. Según agregó, esa publicación luego fue eliminada.

El representante de la familia anticipó que el foco está puesto en el proceso penal y en la búsqueda de sanciones. “Hoy la familia quiere que se sancione con toda la severidad de la ley a los responsables”, expresó.

Por último, adelantó que, por las características del caso, la expectativa de la familia es que el expediente termine en un juicio oral y público. “Entendemos que va a terminar en un juicio oral y público”, cerró.