El Gobierno recortó controles ciudadanos para elegir jueces de la Corte Suprema

El Gobierno nacional modificó por decreto el procedimiento para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y eliminó instancias de participación ciudadana previstas desde 2003. A través del Decreto 467/2026, el Ejecutivo cambió cinco artículos del Decreto 222/2003, impulsado durante la presidencia de Néstor Kirchner, y derogó otros tres.

El principal cambio es la supresión de la etapa previa en la que ciudadanos, universidades, colegios profesionales y organizaciones podían presentar observaciones, apoyos o impugnaciones sobre los candidatos propuestos antes de que el Poder Ejecutivo enviara el pliego al Senado. Hasta ahora, luego de anunciar una postulación, se abría un plazo de 15 días hábiles para recibir esas opiniones.

Según el Gobierno, esa instancia implicaba “una duplicación de instancias”, ya que el Senado mantiene audiencias públicas y un período de impugnaciones durante el tratamiento del pliego. Sin embargo, especialistas y organizaciones advirtieron que no se trata del mismo momento institucional. Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, sostuvo que “la ciudadanía podía opinar cuando el candidato todavía podía ser descartado o reemplazado por el propio Poder Ejecutivo”. Y agregó que lo que se elimina es “la posibilidad de incidir antes de que el Ejecutivo tome su decisión”.

En la misma línea, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia señaló que equiparar ambas etapas desconoce sus diferencias, ya que la intervención inicial podía aportar información relevante antes de la decisión presidencial.

Otra modificación central es la derogación del artículo que indicaba que el Presidente debía considerar, “en la medida de lo posible”, criterios de diversidad de género, especialidad y procedencia regional al elegir postulantes. Actualmente, la Corte tiene tres integrantes, todos hombres, y dos de ellos son santafesinos.

El nuevo decreto también fija plazos de cinco días para la presentación de declaraciones juradas patrimoniales de los candidatos y para que ARCA analice su situación impositiva y previsional.

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal cuestionó la reforma y afirmó que el régimen de 2003 había sido “un avance significativo en materia de transparencia”. Para la entidad, la eliminación de esos mecanismos representa un retroceso institucional.

Con información de Chequeado