Etiquetado frontal: advierten que derogar la ley sería un retroceso para la salud pública

El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto para derogar la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal. En dicho marco, el programa “Nunca es tarde”, de La Brújula 24, habló con la médica especialista en nutrición María Belén Núñez, quien defendió la importancia de los octógonos en los envases.

“La ley vino a traer un poquito de información y esa información resultó tan importante que la gente empezó a darse cuenta de qué era lo que compraba y si eso que compraban implicaba un riesgo para su salud”, señaló la profesional.

Núñez explicó que, si bien muchos consumidores ya identificaban como poco saludables productos como alfajores, gaseosas o papas fritas, la norma permitió visibilizar otros alimentos que el marketing presentaba como beneficiosos. En ese punto mencionó quesos untables, yogures, barritas de cereal, postrecitos, cereales de desayuno, hamburguesas y patitas de pollo.

“Lo que hizo es desenmascarar otros productos que considerábamos saludables, que el marketing nos lo vendía como saludables”, sostuvo. Según remarcó, la información del etiquetado ayuda especialmente a personas con enfermedades como hipertensión o diabetes, y también a familias que compran alimentos para chicos.

La especialista recordó que la ley fue sancionada en 2021, reglamentada en 2022 y aplicada de manera gradual para que las empresas pudieran adaptarse. Aun así, dijo que en poco tiempo se reunió evidencia sobre su utilidad en la decisión de compra.

“Se logró juntar evidencia desde la academia, desde sociedad civil, desde los organismos internacionales como UNICEF, desde el mismo Ministerio de Salud que ahora la quiere derogar, de que la gente usa y decide sus compras en base a esa información”, afirmó.

Núñez también advirtió que la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable no se limita a sellos en los envases. Dijo que además busca proteger entornos donde crecen y se desarrollan los chicos, como escuelas, restringiendo la venta u oferta de productos con sellos en kioscos, cantinas y comedores, e incorporando educación alimentaria en los distintos niveles.

“La ley se llama Ley de Promoción de la Alimentación Saludable y es porque viene también a proteger entornos de donde los chicos crecen y se desarrollan como son las escuelas”, indicó.

En ese sentido, cuestionó los argumentos económicos utilizados para impulsar la derogación. “Este intento de derogación sin justificación sanitaria, cuando uno lee los considerandos del proyecto, son las mismas narrativas que tiene la industria desde allá, desde el 2021 donde se estaba debatiendo la ley”, planteó.

Para la profesional, la discusión no debería centrarse en la estética de los envases ni en el impacto comercial, sino en el derecho a la salud y a la información. “Atropella todos los derechos de la salud, de la información, de acceder a una alimentación saludable, que son derechos constitucionales”, afirmó.

Núñez remarcó que el etiquetado frontal responde a recomendaciones internacionales y a experiencias de otros países de la región, como Chile, Uruguay, México, Colombia, Perú y Brasil. Además, sostuvo que Argentina había logrado una norma más integral justamente por haber avanzado después de otras experiencias similares.

Consultada por el impacto concreto de la ley, señaló que todavía se necesitan más años para medir resultados directos en la salud, pero sí se observaron cambios en los hábitos de compra. “Se ha visto que el 90% de las personas los usa para las compras y que ha desincentivado el consumo de, por ejemplo, galletitas, de jugos, de yogures”, afirmó.

La médica también destacó que muchas empresas reformularon productos para reducir azúcar, sodio o grasas y evitar los sellos. “Las industrias reformularon porque además son un grupo muy monopolizado de multinacionales que ya tienen experiencia de haber afrontado el etiquetado en otros países”, expresó.

En esa línea, rechazó la idea de que la ley haya provocado perjuicios graves al sector privado. “Ninguna industria se fundió”, aseguró, y agregó que las compañías se adaptaron a las nuevas demandas de los consumidores.

Por último, Núñez insistió en que los ultraprocesados no están prohibidos, sino que el objetivo de la norma es que cada persona pueda elegir con información clara. “Los ultraprocesados no están prohibidos de comer, solamente que lo que uno garantiza es que tengan información y autonomía a la hora de comerlos”, concluyó.