Perdió un brazo en el trabajo y denuncia que "cajonearon" su expediente

A más de dos años del grave accidente laboral ocurrido en un molino de Bajo Hondo, uno de los trabajadores afectados denunció que todavía no recibió una respuesta clave para su futuro: la evaluación oficial de su incapacidad. Se trata de Diego Martín de la Iglesia, quien perdió el brazo izquierdo a la altura del codo y, pese a haber recibido el alta médica en 2025, sigue sin ser convocado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

“Dos años y cuatro meses sufrimos con mi compañero”, repasó en diálogo con el programa “Nunca es tarde”, por La Brújula 24. El hecho ocurrió en noviembre de 2023 en la empresa Harinas Bajo Hondo, donde tanto él como Mauricio Balducci sufrieron la amputación de una mano cada uno tras un accidente con maquinaria.

De la Iglesia explicó que, si bien completó todos los tratamientos y cuenta con prótesis —“una bioeléctrica y una mecánica”—, el proceso administrativo posterior permanece paralizado. “La ART tiene que dar esto a la superintendencia para que me citen a hacer la valoración de daños y así me digan el porcentaje de incapacidad”, indicó.

El trabajador señaló que el trámite se encuentra demorado desde hace meses, pese a que la documentación ya fue presentada. “Se hicieron la presentación de toda la documentación en la superintendencia, pero al día de la fecha no ha emitido nada. Está totalmente todo atrasado”, afirmó. Según relató, en Buenos Aires le dijeron que la demora estaría vinculada a cambios en el Baremo utilizado para calcular las incapacidades.

“Me dijeron que con un nuevo DNU se sacó un Baremo nuevo, que se ponía en vigencia en enero de este año. Por lo tanto, la bajada de línea era no valorar a nadie hasta que se implemente”, sostuvo. Y agregó: “Esto beneficiaría a la ART”.

Mientras tanto, su situación laboral se mantiene en transición. Tras recibir el alta en agosto de 2025, la empresa lo reubicó en otra área dentro del mismo grupo económico. “Tuve una recalificación laboral y la empresa me aceptó en una de sus oficinas y sigo trabajando”, explicó. Sin embargo, advirtió que la falta de definición sobre su incapacidad condiciona su futuro: “De acuerdo al porcentaje de incapacidad yo puedo seguir o no trabajando”.

Además, el retraso impacta en la causa judicial vinculada al accidente. “Al no darme el porcentaje de incapacidad se atrasa el juicio penal que hay hecho de oficio”, señaló, y agregó que aún no se tomaron declaraciones a los presuntos responsables del hecho, quienes siguen trabajando.

En el plano personal, De la Iglesia describió un proceso de recuperación largo y complejo. “Estuve ocho meses sin prótesis, sin nada. Tuve que hacer adaptaciones”, contó. También relató dificultades en trámites cotidianos, como la renovación de la licencia de conducir, y remarcó el rol clave de su entorno: “Mi familia fue el puntal para que yo pueda volver a mi vida lo más normal posible”.

Finalmente, expresó el objetivo de visibilizar su situación para destrabar el expediente. “Lo único que tienen que hacer es llamarme y hacerme la junta médica. Hace dos años y cuatro meses que fue este accidente”, reclamó. Y concluyó: “Yo le pido que hagan su trabajo en tiempo y forma”.