Inteligencia: el Gobierno publicó el decreto que reestructura la SIDE

El Gobierno nacional modificó este viernes la ley de inteligencia mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial, que reestructura la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y le otorga la facultad de aprehender personas en determinados contextos. La decisión había sido anticipada por el Poder Ejecutivo y provocó un inmediato rechazo de la oposición, que alertó sobre posibles avances hacia el espionaje político.

Uno de los puntos más cuestionados del decreto es la habilitación expresa para que el personal de inteligencia pueda aprehender personas. En el texto oficial, el Gobierno sostuvo que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad”, con el objetivo de “minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.

El DNU también establece que los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional deberán proveer su propia seguridad y protección de instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, y los autoriza a “repeler o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo”.

En uno de los artículos centrales, se detalla que “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas”, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes.

La norma redefine además el alcance de las tareas de contrainteligencia, que ahora incluyen evitar infiltraciones, fuga de información clasificada, espionaje, sabotaje, atentados contra el orden constitucional y cualquier tipo de injerencia externa que afecte el proceso decisorio de las autoridades, los intereses estratégicos nacionales o a la población en general.

Entre otros cambios, el Ejecutivo creó el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que tendrá a su cargo planificar y supervisar políticas destinadas a proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos del Estado y los sistemas tecnológicos vinculados a servicios públicos esenciales.

Desde la oposición anticiparon que la disputa continuará en el Congreso, donde buscarán impugnar el DNU para evitar su vigencia. No obstante, reconocen que el camino es complejo, ya que el decreto solo puede quedar sin efecto si es rechazado por ambas cámaras. En caso de que una de ellas no lo trate o lo apruebe, la norma seguirá vigente.

Fuentes de Propuesta Republicana (PRO) señalaron que se trabaja en un comunicado conjunto con otros espacios, mientras que la comisión bicameral de control de los organismos de inteligencia formalizará un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explique los alcances de la reforma.

Entre las críticas más duras, el exdiputado Leopoldo Moreau afirmó que el DNU “significa la creación de una policía secreta” y denunció que “pasa por encima de las facultades del Congreso”, al tiempo que advirtió sobre un “claro retroceso democrático”. En la misma línea, el diputado Maximiliano Ferraro cuestionó la falta de debate parlamentario y reclamó un tratamiento con “contralor efectivo y pleno funcionamiento de los pesos y contrapesos institucionales”.

En paralelo, señala La Nación, el Gobierno promulgó este viernes las leyes de Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal, aprobadas durante las sesiones extraordinarias. El Presupuesto, oficializado como Ley 27.798, prevé un resultado financiero superavitario, mientras que la Ley 27.799 modifica el Régimen Penal Tributario con el objetivo de facilitar el blanqueo de fondos y promover la exteriorización de dólares no declarados.