Fernández apuntó contra Stemphelet por beneficiar a una jefa narco: "Es muy grave"

El Fiscal General de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, cuestionó con dureza la decisión del juez Onildo “Yiyo” Stemphelet de otorgar prisión domiciliaria a una jefa narco condenada a diez años de prisión por tráfico de estupefacientes, en un fallo que generó fuerte polémica la semana pasada. En diálogo con La Brújula 24, aseguró que se trata de “una resolución más de tantas” que exceden lo que establece la ley y advirtió sobre el impacto negativo que este tipo de decisiones tiene en la comunidad.

Fernández explicó que el magistrado fundamentó el arresto domiciliario en dos argumentos principales: el derecho a la salud y la llamada “trascendencia de pena”. Respecto del primero, señaló que si bien la ley contempla la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria a personas enfermas, eso solo corresponde cuando la detención impide la recuperación, algo que —según los informes médicos incorporados al expediente— no ocurre en este caso. “Tiene patologías, sí, pero puede ser atendida desde la cárcel, como ocurre con muchos internos que no reciben este beneficio”, afirmó.

Además, remarcó que el argumento utilizado por el juez sobre las dificultades para conseguir turnos en el hospital público “no tiene relación con la detención”, ya que se trata de un problema general del sistema de salud.

El Fiscal General fue aún más crítico al referirse al segundo fundamento de la resolución, vinculado a la supuesta afectación de los hijos menores de la condenada. “Con ese criterio, nadie que tenga hijos podría ser detenido. Es absurdo”, sostuvo. Y agregó un dato clave: la mujer fue condenada por integrar una organización delictiva que traficaba drogas desde su propio domicilio y que incluía a sus hijos en esa actividad. “Utiliza el llamado ‘superior interés del niño’ para mandarla a la misma casa donde vendía drogas y donde involucraba a sus hijos. Es incomprensible”, señaló.

Fernández también rechazó que se trate de un delito menor, como sostuvo el juez en su resolución. “Si fuera un delito menor, no tendría una condena de diez años de prisión, con todos los agravantes que se le aplicaron. El tráfico de estupefacientes en banda no es un delito leve”, enfatizó.

El titular del Ministerio Público Fiscal confirmó que el fiscal de la causa, Mauricio Del Cero, ya presentó el recurso de apelación y que ahora será la Cámara la que deba resolver. “Se citaron normas, doctrina y jurisprudencia que no son aplicables al caso. La ley dice ‘podrá’, no ‘deberá’, y establece seis supuestos específicos para la prisión domiciliaria. El juez agregó uno más que no está contemplado”, explicó.

Finalmente, Fernández advirtió sobre las consecuencias institucionales de este tipo de decisiones. “El problema no es el cansancio de los fiscales, sino cómo se le explica a la gente que una persona condenada por narcotráfico vuelve al mismo lugar donde cometía los delitos. Estas resoluciones envían señales muy negativas, hacen parecer que las penas no se cumplen o se aplican de manera disfuncional, y terminan favoreciendo a la delincuencia”, concluyó.