La Justicia le ordenó al gobierno restablecer todas las pensiones por discapacidad

El juez federal Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer en un plazo de 24 horas todas las pensiones no contributivas por invalidez laboral que fueron suspendidas en todo el país, y le prohibió aplicar nuevas bajas hasta que se dicte una sentencia definitiva. La medida surge de una acción de amparo colectivo presentada por el Defensor del Pueblo de Catamarca y asociaciones de personas con discapacidad, y extiende a nivel nacional una cautelar dictada en septiembre que sólo regía en esa provincia.

Este fallo se suma a una serie de resoluciones judiciales similares en Formosa, Misiones, Río Negro y otras jurisdicciones, donde distintos jueces ordenaron la restitución de las pensiones, el pago de haberes retenidos e incluso la aplicación de multas diarias por demoras. También hubo decisiones individuales favorables a los beneficiarios en Mendoza, Córdoba, Neuquén y Buenos Aires. Todas estas medidas rechazan las suspensiones aplicadas por la ANDIS en base al Decreto 843/2024 del Poder Ejecutivo.

Díaz Martínez afirmó que las bajas vulneraron derechos de incidencia colectiva y citó el precedente “Halabi” de la Corte Suprema, que habilita acciones colectivas cuando hay un hecho único que afecta de manera homogénea a un grupo. Por eso, consideró razonable un único proceso con efectos generales. En su resolución, ordenó restablecer todas las pensiones suspendidas, pagar los haberes adeudados y frenar las auditorías y nuevas suspensiones hasta el fallo final.

El juez también designó a dos asociaciones —A.P.Y.Fa.Di.M. y Asociación Azul— como representantes del colectivo afectado, por su idoneidad y trayectoria. La medida responde al contexto de reclamos contra el Decreto 843/2024, que elevó al 66% el mínimo de incapacidad laboral exigido y amplió las causales de suspensión y caducidad de las pensiones. Las organizaciones denunciaron que el proceso de auditoría de ANDIS careció de criterios claros, accesibilidad y notificaciones adecuadas, lo que impidió ejercer el derecho de defensa.

Según datos oficiales, la ANDIS envió casi un millón de cartas documento, pero más de la mitad no fueron entregadas. Antes de las intervenciones judiciales, se habían suspendido 111.463 pensiones. Con este fallo, la cautelar adquiere alcance nacional y obliga a la Agencia a restituir todos los beneficios hasta que la Justicia resuelva definitivamente el caso.