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Argentina rechazó actividades petroleras en Malvinas y apuntó contra Londres

Se trata de Navitas Petroleum, asociada a la británica Rockhopper. Sostuvo que opera de manera "ilegítima".

La Cancillería argentina difundió este viernes un duro comunicado en el que expresó “su más enérgico rechazo” a las operaciones de la empresa Navitas Petroleum LP en las Islas Malvinas, calificándolas como “ilegítimas” por no contar con la autorización de la República Argentina. Según el texto oficial, la compañía “opera de manera ilegal en territorio argentino” al desarrollar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.

El pronunciamiento recordó al Reino Unido que cualquier acción unilateral sobre recursos naturales en la zona en disputa contradice la Resolución 2065 (XX) y otras concordantes de la ONU, que reconocen la existencia de un diferendo de soberanía y exhortan a ambas naciones a retomar negociaciones. Además, la Cancillería subrayó que, en virtud de la Resolución 240/2022 de la Secretaría de Energía, Navitas ya había sido declarada “clandestina” por realizar tareas hidrocarburíferas sin autorización.

El comunicado aparece en un contexto diplomático particular: la inminente llegada a Buenos Aires del nuevo embajador británico, David Cairns, y la espera del plácet para que Luis María Kreckler, hombre de confianza de Karina Milei y del canciller Gerardo Werthein, asuma como embajador argentino en Londres. El gesto también llamó la atención porque Navitas es de origen israelí, país considerado aliado del gobierno de Javier Milei.

Desde Londres, voceros del Foreign Office reiteraron que el Reino Unido “apoya inequívocamente” el derecho de los habitantes de las Falkland a explotar sus recursos naturales bajo el principio de libre determinación, enmarcado en la legislación isleña y en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En esa línea, defendieron las actividades hidrocarburíferas como “comerciales legítimas”.

La disputa se inscribe en un largo conflicto por la explotación petrolera en el Atlántico Sur, que desde los años setenta se proyecta como un objetivo británico. Expertos en la cuestión Malvinas sostienen que Argentina debería incluso iniciar un procedimiento arbitral internacional, como se hizo en 2012 con la Fragata Libertad en Ghana.

Finalmente, la Cancillería argentina remarcó que las iniciativas unilaterales como la ampliación de licencias, evaluaciones de impacto o recaudación de fondos para el proyecto Sea Lion son “acciones ilegítimas e incompatibles” con las resoluciones de Naciones Unidas. Y concluyó reafirmando los “legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

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