Las irregularidades de la médica Creimer que investiga la Justicia

“Soy inocente. Los hechos que me imputaron son inverosímiles e inventados”, dice por teléfono Matías Larrea, un policía de la Bonaerense que a los 33 años lleva 640 días preso en la cárcel de Batán, en Mar del Plata.

En 2023 lo condenaron por la muerte de un joven en una comisaría de Quequén. Se sabe que ni siquiera estaba en el lugar. El Tribunal Oral N° 1 de Necochea se basó en la opinión de una cirujana de La Plata que intervino en el juicio oral por la querella. En una nota publicada por el diario Clarín, firmada por Josefina López Mackenzie, se refleja que Emma Virginia Creimer es dueña de una empresa que vende servicios periciales para operar en juicios sensibles de todo el país. Además de Matías Larrea, recibieron perpetuas los policías Daniel Allamanla y Fernando Pérez Zanetti.

El caso fue tomado por organismos de derechos humanos como un ejemplo de violencia policial, pero los condenados y sus familias denuncian una “una causa armada”. Tienen el apoyo de la Asociación Civil Inocente Colectivo, que milita por la presunción de inocencia en el personal de las fuerzas de Seguridad. La Sala V del Tribunal de Casación Penal bonaerense tiene en revisión estas condenas.

Muerte en el "buzón"

Casi a la medianoche del caluroso 5 de diciembre de 2014, Michel Suárez, un chico de 20 años conocido como Noa, rompía los vidrios en la sede de la agrupación política FE, en el centro del Quequén, cuando un vecino llamó al 911. Los policías que llegaron (Fernando Pérez Zanetti y David Herold) no lo pudieron subir al desvencijado Chevrolet Corsa en el que andaban –un auto inútil en esas calles de arena poceadas por los camiones que van al puerto- porque las puertas no abrían. Pidieron apoyo y llegó el oficial Matías Larrea, que patrullaba en una Ford Ranger.

En esa camioneta llevaron a Noa hasta la comisaría, a cuatro cuadras. Llegaron a las 23:40. Matías ayudó a entrar al detenido hasta el hall de entrada, y se fue. A las 23:47, siete minutos después, ya estaba afuera, patrullando en la Ranger otra vez. Así surge del sistema de localización vehicular (AVL). Los demás policías se quedaron en la dependencia, donde también estaban el oficial Daniel Allamanla y la ayudante de guardia Paola Mohana.

Esa noche había 12 detenidos apretados en un espacio para ocho. Noa entró como aprehendido; lo suyo era un daño en flagrancia y se preveía su liberación en horas. Está prohibido juntar detenidos con aprehendidos, y por eso lo alojaron en un espacio minúsculo y oscuro conocido como “locutorio” o “buzón”, sin baño ni colchón, y con sólo un banco de cemento y una botella donde orinar. Años más tarde, la Justicia culparía a los policías por la infraestructura de la dependencia donde trabajaban.

Poco más de dos horas más tarde, a Noa lo encontraron colgado de una reja del locutorio, con una trenza armada con los cordones de sus zapatillas y el del traje de baño. Ya era la madrugada del 6 de diciembre.

Lo que siguió fue dramático y precario. Llamados de auxilio, gritos, llantos, maniobras de reanimación. La única ambulancia que había para todo Necochea nunca respondió. Y fue Larrea quien volvió en la Ranger para llevar a Noa al hospital.

Llegó muerto.

Causa judicial y vergüenza

La autopsia inicial la hizo el médico del Poder Judicial especialista en cirugía plástica, Carlos Rodríguez, que determinó una muerte por ahorcadura pero descartó un homicidio: podía ser suicidio o accidente. En el juicio posterior, este médico respondió preguntas durante cuatro horas y dijo que, a pesar de haberlo buscado específicamente, no encontró marcas defensivas en el cadáver, y sólo halló lesiones de más de 24 horas previas a la muerte. Esto concordaba con lo que había declarado la novia de Noa: una semana antes él se había peleado con tres personas en un boliche. Andaba con muletas.

Durante la etapa de instrucción, el fiscal Walter Pierrestegui no encontró pruebas de que Noa haya sido víctima de maltrato, ni posibilidades lógicas de que algo así haya determinado su muerte. La detención era legal. Los patrulleros eran trazables y no se habían desviado. No había signos de violencia en la ropa ni en la celda. Noa estaba alcoholizado. Y el cordón del ahorcamiento podía soportar ampliamente su peso. La única responsabilidad policial que asomaba con claridad era la de no haberle quitado los cordones como ordena el reglamento para detenidos.

Pero la familia y los organismos de derechos humanos, gremios y hasta partidos políticos que se presentaron en el expediente (como la Comisión Provincial por la Memoria, el CELS, HIJOS, el Frente Popular Darío Santillán, la CTA y el Movimiento Evita) reclamaban un juicio por “torturas seguidas de muerte”. Así, y en contra de la postura del fiscal, la carátula se agravó y el hecho se juzgó en 2023.

Fue entonces que Creimer -actual profesora titular de la cátedra de Deontología Médica y Medicina Legal en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata-, desembarcó en Necochea. Hacía algunos años había creado la “Consultora Pericial de Ciencias Forense SRL”, que aún ofrece un amplio menú de servicios forenses. Su campo de acción son los juicios por abuso sexual, violencia policial y de género. Para algunos clientes brinda “asesoramiento interdisciplinario” y “orientación estratégica en la resolución de causas controvertidas”. Para otros hace exámenes médicos, autopsias, reautopsias y exhumaciones.

En el caso Noa, el "servicio" fue desacreditar la autopsia que se había hecho nueve años antes, y que había descartado el homicidio y golpes ligados a la detención. Todos los presentes en la sala aún recuerdan que Creimer entró al juicio vestida en micromini negra y stilettos rojos de unos 10 cm. Y con su teoría del caso cautivó al extraño tribunal integrado por una sola jueza criminal, Luciana Irigoyen Testa; un juez del fuero Contencioso Administrativo, Carlos Herrera; y un juez de Garantías de Menores, Aldo Rau.

A partir sólo de fotos, Creimer aseguró que las lesiones eran recientes con respecto a la muerte de Noa y que “de ningún modo” podía tratarse de una ahorcadura suicida. Su declaración permitía inferir que lo habían golpeado, asfixiado y colgado para fraguar un suicidio.

Su argumentación no resultaba compatible con las coordenadas temporales y las posiciones de los imputados, pero permitía imaginar un complot de jóvenes verdugos con uniforme azul del Estado. En la calle, los colectivos que apoyaban el juicio hablaban el mismo idioma. Sus pancartas con fotos de los acusados decían: “Asesinos”. “Noa Suárez. Torturado y asesinado por la Policía en Quequén”.

En su exposición frente a los jueces, la perito incluyó una teatralización de un estrangulamiento en vivo, utilizando a una voluntaria y un cordón cualquiera. Matías Larrea la miraba perplejo desde el banquillo. Pensaba: “Esta perito miente. Usa un cordón abierto, mientras que el dogal usado para el suicidio era cerrado: dejan marcas distintas”. No pudo expresarlo en ese momento por nervios, y la jueza lo hizo callar varias veces.

Larrea conocía cada palabra de su causa. Creimer apelaba a generalidades. Describió un supuesto modus operandi que las fuerzas de seguridad usarían para matar a los detenidos que custodian, y que se verificaba en sendos casos donde ella había prestado servicios. Cuando le preguntaron si hablaba de Noa o de otra causa, se fue por las ramas. Aseguró que “en la provincia de Buenos Aires aparecen personas ahorcadas y que, al hacer la autopsia psicológica, no hay ningún signo de que podía haber sido un suicidio”. Pero la teoría no se cumplía con Noa, cuya madre de crianza había mencionado su ideación suicida.

Fue tal el desacuerdo entre Creimer y las conclusiones de la autopsia, que el tribunal convocó a testimoniar a otros dos médicos, uno de la morgue judicial de Lomas de Zamora y otro de la Policía Científica de Necochea. Ninguno encontró signos de golpes recientes. Ambos coincidieron en que las lesiones databan de más de 24 horas antes de la muerte. La única que había "encontrado" lesiones posteriores a la detención, que permitían inferir torturas, había sido ella.

Pese a todo los jueces se convencieron. Concluyeron que hubo “maltrato con sufrimientos físicos y psíquicos, degradando y rompiendo la resistencia física y moral del joven”, y que por eso se ahorcó. Matías Larrea, Daniel Allamanla y Fernando Pérez Zanetti fueron condenados a perpetua como coautores de torturas seguidas de muerte. Paola Mohana fue condenada por incumplimiento de deberes de funcionaria (por omitir quitarle los cordones).

Dos semanas más tarde, después de algunas marchas a favor de los policías, los jueces bajaron las penas a 17 años, sin explicar por qué. De torturas que lo empujaron al suicidio pasaron a un “homicidio preterintencional”. Gonzalo Raggio, defensor de Larrea, criticó "la hipocresía del Tribunal, que no fundamentó nada en un caso en el que condenaban a personas de por vida”.

El juez Herrera ni siquiera se había molestado en presentarse durante las audiencias del juicio. Prefirió conectarse por videollamada mientras hacía otras cosas a 20 cuadras de distancia.

Hubo más: el fiscal Horacio Sirimarco señaló con una de sus manos a Matías Larrea en pleno juicio para que un testigo dijera reconocerlo, pero la denuncia penal que recibió por este acto (facilitar el reconocimiento del acusado) parece haber sido encubierta en el Departamento Judicial de Necochea: “Está filmado, reconocen que se ve esa acción, pero dicen que, como fue en sala de audiencia, no es delito. ¡Y yo estoy preso!”, se desespera Larrea en su comunicación desde un pabellón para policías donde convive con 30 presos en un espacio para 16.

Los jueces también responsabilizaron a los policías, y no al Ministro de Seguridad, por la infraestructurra de la comisaría de Quequén. Pero fue Larrea, y no los jueces, quien reclamó al Estado la clausura del "locutorio". Y no lo logró. “Si lo consideraban un lugar torturante, no hicieron nada. Hoy sigue igual, funciona como calabozo, salvo que tiene una luz mortecina”, dice el abogado Raggio.

Matías Larrea entró a la Bonaerense a los 18 años siguiendo su vocación, heredada de su papá, un capitán ya jubilado. Cuando pasó lo de Noa, tenía 23 y llevaba cuatro en la fuerza. Había sumado a su formación una tecnicatura en balística y estaba inscripto para otra, de investigaciones en función judicial, que más adelante también terminó, junto a un curso de instructor de tiro. Hoy está por cumplir 34 años.

Al igual que Larrea, los otros condenados a los que defiende el abogado Alejandro Hortel transcurren su condena en Batán. Fernando Pérez Zanetti (44) es padre de Santino, Agustín y Pilar, y está casado con Verónica, también policía. Daniel Allamanla (38) tiene dos hijos adolescentes, Benjamín y Thiago; y a pesar de ser responsable de la tenencia de uno de ellos, no consiguió esperar el fallo de Casación en domiciliaria.

Cuestionamientos y denuncias contra Creimer

El escándalo más reciente que involucra a Emma Virginia Creimer es el “caso Ghisoni”. Ella hizo la pericia íntima que permitió sostener la denuncia de Andrea Vázquez contra Pablo Ghisoni por abuso sexual, y que luego una junta médica desautorizó. Fue cuestionada por presunta falta de ética y de imparcialidad.

Con Ghisoni absuelto en dos instancias, y un video donde su hijo admite que lo manipularon, el fiscal de Lomas de Zamora Jorge Bettini Sansoni impulsa una investigación por presunto falso testimonio calificado y asociación ilícita alrededor de esta trama.

Creimer tiene otro frente en Bahía Blanca, fruto del caso “Facundo Astudillo”, donde trabajó para la querella familiar codo a codo con el mercenario adiestrador de perros Marcos Herrera, un plantador de objetos serial que ya fue condenado por intentar desviar dos investigaciones. La idea de este grupo parecía ser la de involucrar a la policía de Axel Kicillof y Sergio Berni en una supuesta desaparición forzada ocurrida durante la cuarentena.

En el sur bonaerense la audacia de Creimer quizá haya sido extrema. El fiscal Gabriel Gonzalez Da Silva pidió que se la investigue por un episodio ajeno al terreno médico: el “hallazgo” de un supuesto objeto de Facundo en un calabozo que ya habían revisado otros.

Cuando apareció el cuerpo de Facundo se supo que había muerto ahogado sin la participación de terceros. Creimer disintió con la autopsia y puso en práctica una técnica que detectó tempranamente el periodista Germán Sasso, autor del libro Operación Facundo: ofrecer a los medios un relato explosivo que no existe en el expediente.

Luis Fondebrider, antropólogo que estuvo en la autopsia de Astudillo como integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), recuerda: “Delante de nosotros no dijo nada. Pero cuando habló con los medios, su comportamiento cambió. Ahí dijo cualquier cosa. Después hizo una conferencia de prensa donde habló contra el EAAF y los médicos del Cuerpo Médico Forense de la Corte”. En la sede de Amnistía Internacional Creimer dijo que descartaba el suicidio porque Facundo tenía un proyecto de vida. Hay dos posibilidades: o no leyó la causa o faltó a la verdad. “Está entre los peritos más desprestigiados del país, en el ámbito forense se sabe”, agrega Fondebrider.

Las denuncias más escandalosas -y escabrosas- contra la perito platense están en el Chaco, donde la llaman "Doctora Creimer". En esa provincia trabajó en dos casos de supuesta violencia policial. Fue perito de las familias pero la convocó el Comité contra la Tortura, que tiene financiamiento estatal.

Leandro Bravo, de 37 años, murió en una comisaría de Charata en 2022. “Creimer se empeñaba en decir que lo habían matado los policías, cuando murió por una afección multiorgánica provocada por su adicción crónica a las drogas, la deshidratación y el alcohol. Tenía un combo de todo en un día en que hacía 50 grados en Charata”, dice Juan José Bogado, comisario retirado que ejerce el Derecho y defendió a los policías.

Jorge Villaverde, un médico local que estuvo en la reautopsia de Bravo como perito de la parte acusada, quedó impresionado. “Creimer llegó con fotógrafos, ¡parecía un astronauta!, y aunque era perito de parte la dejaron manejar todo a su antojo. En una le digo, 'Doctora: ¿qué hace, qué está buscando?' Porque estaba haciendo pedazos al cuerpo. Lo charqueaba, como dicen acá en el campo, mientras hacía sacar fotos. La sangre puede impresionar a un juez neófito, !pero hay un código de respeto: el muerto sigue siendo un ser humano!", dice este legista con 40 años de experiencia.

“Creimer confundió un bazo con un riñón. Y no buscó lo más importante que había que buscar en este caso, una lesión frecuente en la aorta abdominal, porque la víctima era un adicto. Yo le hacía preguntas y no me contestaba. Decía: ‘Con esta gente no se puede hablar’. Una soberbia de terror". En un momento se escuchó: "¡Callate chaqueño, vos no sabés nada!”. Tito Valenzuela, otro médico que estuvo presente ese día, lo resume así: "Fue un carnicería total".

El informe de la perito quedó anulado porque no tenía matrícula para ejercer en esa provincia, a pesar de que ya le habían permitido participar (y controlar) un procedimiento en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de la Justicia chaqueña, que iba a impactar de lleno en la situación procesal de varios funcionarios policiales.

Todo lo informado por Creimer en este caso fue anulado en el juicio. Cuatro policías de Charata -que pasaron 25 meses presos en una comisaría acusados por torturas seguidas de muerte- terminaron absueltos. Villaverde agrega: “Es una cosa muy lamentable y sensible a la gente. Porque, si torturaron y mataron, que se hagan cargo. Pero si no hicieron eso, es grave. La verdad inventada es la que vale a veces parece”.

Bogado la denunció por "falso testimonio agravado y estafa procesal por ardid y engaño en contra de los imputados y del Poder Judicial del Chaco”. Pero ésta y otras denuncias penales que dejó el comentado paso de Creimer por el Chaco están frenadas. Probablemente porque allí aparece involucrado el poder político en el financiamiento.

Clarín consultó a Creimer por su situación procesal en distintas jurisdicciones, pero no tuvo respuesta. La perito se justificó diciendo que está de licencia por un problema de salud.

Inocente Colectivo fue fundada por Hugo Álvarez, hermano de Diego, un comisario de Santa Fe que estuvo seis años preso con otros 10 policías, acusados de desaparecer a Franco Casco en Rosario. Los absolvieron, se anuló esa absolución y el caso ahora está en la Corte.

La ONG considera que "muchas veces la construcción de la culpabilidad se da por factores sociológicos y mediáticos, alejados de cuestiones judiciales”. Al caso Casco, igual que a Noa Suárez, los tienen en una planilla donde identifican rasgos de “causas armadas”, según su evaluación. Esto lo asocian con las apariciones de Creimer, un peligroso patrón que "prende" en la Justicia: lectura extensa de su frondoso CV para validar su palabra, descripciones generales de "modus operandi" policiales (el que más se repite es el de ahorcamientos con la “toma mata león") y show en las salas. “El caso fue así porque las Policías matan así”. Y en pocas palabras, más o menos así funciona lo que en varias salas de juicio del país ya se bautizó como: el “Protocolo Creimer”.

Fuente: LB24 / Clarín.