Por arte de magia: el certificado de defunción de Facundo apareció tras el escándalo

El certificado de defunción de Facundo Astudillo Castro, cuyo paradero había generado un nuevo conflicto judicial, apareció después de casi seis años. Según comunicó la querella mediante un escrito, Cristina Castro recordó "súbitamente" donde estaba el documento. El hecho durante el fin de semana en la casa de su padre.

La novedad se produjo pocos días después de que tomara estado público que el certificado nunca había sido presentado ante el Registro Nacional de las Personas y tampoco constaba en el expediente judicial.

"Debo manifestar que el día sábado 1 de agosto de 2026 logré encontrar la documentación pertinente al Certificado de Defunción de mi hijo Facundo José Astudillo Castro, consistente en el propio certificado, el acta de retiro del cuerpo y demás documentación oportunamente entregada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (E.A.F.)", resume la mujer en el comunicado.

Y añade que "dicha documentación se encontraba resguardada junto con otros papeles de suma importancia en el domicilio de mi padre", al tiempo que resalta que "corresponde aclarar que esa documentación no fue localizada con anterioridad cuando me fuera requerida en el mes de febrero del corriente año, circunstancia que obedeció exclusivamente a la excepcional situación personal y familiar que me encontraba atravesando en ese momento".

El faltante había quedado al descubierto cuando desde el cementerio de Pedro Luro reclamaron el documento necesario para completar la licencia de inhumación. A partir de esa situación se generaron distintas presentaciones entre el Ministerio Público Fiscal y el juez federal Walter López Da Silva, con intervención posterior de la Cámara Federal.

De acuerdo con las constancias incorporadas a la causa, el certificado original había sido confeccionado por el Cuerpo Médico Forense y entregado el 3 de septiembre de 2020 a Virginia Creimer, médica que intervenía como perito de la querella. La entrega del cuerpo y de la documentación había sido autorizada por la entonces jueza federal María Gabriela Marrón, ante una solicitud de los abogados de Cristina Castro.

La Justicia había pedido a los fiscales Horacio Azzolín, Alberto Gentile e Iara Silvestre que determinaran qué había sucedido con el certificado después de aquella entrega y por qué no se había completado la inscripción correspondiente.

En paralelo, el Municipio de Villarino ordenó un sumario administrativo para establecer cómo pudieron ser inhumados los restos de Astudillo Castro en el cementerio de Pedro Luro sin que se presentara la documentación exigida.

En el escrito, Cristina Castro sostuvo que "en efecto, pocos días antes —menos de quince días— había sufrido el fallecimiento de otro de mis hijos, acontecimiento que me sumió en un profundo estado de conmoción, angustia y shock emocional, afectando seriamente mi capacidad para recordar con precisión dónde podía encontrarse determinada documentación y para organizar racionalmente su búsqueda".

"En cuanto a la circunstancia señalada por el Ministerio Público Fiscal relativa a la ausencia de inscripción en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), debo manifestar que desconozco cuál era el procedimiento administrativo que correspondía seguir respecto de dicha inscripción", cerró.

La aparición del certificado abre ahora nuevos interrogantes. La presentación de la querella sostiene que estaba en la vivienda del abuelo de Facundo, aunque no se brindaron precisiones sobre cómo llegó hasta allí, quién lo conservó durante estos años ni por qué no fue entregado cuando comenzó a ser reclamado.

Tampoco se informó si el documento será sometido a alguna verificación antes de completar la inscripción del fallecimiento. La investigación deberá determinar cómo impacta el hallazgo en las medidas que habían sido ordenadas y si corresponde avanzar con otras diligencias para reconstruir el recorrido del certificado desde septiembre de 2020.

Para la Justicia estaba claro que el Cuerpo Médico Forense le había entregado el cuerpo y el certificado a la enviada por la querella: la perito Creimer. De esta manera, Castro evitaba que la médica sea consultada -y eventualmente imputada- por la novela del certificado y su "desaparición/ocultamiento".