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YPF: el Gobierno evalúa un recurso ante la Corte Suprema para bloquear la sentencia de Preska
El presidente Javier Milei decide este fin de semana la estrategia judicial y política ante el polémico fallo de la jueza de Nueva York.
El Gobierno de Javier Milei, analiza a contrarreloj una jugada legal para frenar el fallo de la jueza Loretta Preska en Nueva York, que ordenó transferir el 51% de las acciones de YPF al fondo buitre Burford.
Entre las opciones que baraja la Casa Rosada se destaca una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema, una herramienta jurídica que podría activarse sin pasar por tribunales inferiores y que apuntaría a bloquear cualquier movimiento sobre las acciones, amparándose en la Ley 26.741 de expropiación.
Según fuentes judiciales, esta vía permitiría que la Corte, antes de pronunciarse, consulte a la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), integrada por varias provincias petroleras. El objetivo sería ganar tiempo para que el equipo jurídico de la Argentina apele la sentencia en la Cámara de Nueva York, sin caer en una postura de rebeldía ni tensar la relación con bonistas e inversores.
Aunque algunos sectores impulsaban un recurso más agresivo, como un per saltum basado en la doctrina de inmunidad de ejecución del Estado, finalmente el Gobierno habría descartado esa vía. La postura moderada busca evitar choques con Wall Street y se apoya en criterios del propio presidente de la Corte, Horacio Rosatti, quien en su libro Tratado de Derechos Constitucionales aborda las limitaciones de ejecutar sentencias extranjeras contra Estados soberanos.
El presidente Milei junto al ministro de Economía Luis Caputo, el poderoso asesor presidencial Santiago Caputo y el Procurador General de la Nación Santiago Castro Videla y el viceministro de Justicia Sebastián Amerio, entre otros, estaban manteniendo este fin de semana una serie de consultas para responder al fallo de Preska.
El lunes se espera que los beneficiarios del fallo presenten una réplica ante el pedido argentino de suspender la ejecución, lo que acelera la necesidad de una respuesta jurídica y política integral. La recomendación de expertos como Bernardo Saravia Frías es clara: ratificar la soberanía jurídica en el Congreso, sin gestos altisonantes.
Con información de Clarín
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