Los fiscales rechazaron la prisión domiciliaria de CFK

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola rechazaron este martes el pedido de Cristina Fernández de Kirchner para cumplir su condena de seis años en prisión domiciliaria. En un dictamen contundente, aseguraron que “no se advierten razones humanitarias” que justifiquen otorgarle ese beneficio. Ahora, la definición queda en manos del juez Jorge Gorini y los demás integrantes del Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2), mientras crece la tensión política y se organiza una movilización masiva en su respaldo.

Los representantes del Ministerio Público sostuvieron que la expresidenta no presentó condiciones de salud, edad o seguridad que configuren una excepción válida. “La privación de libertad en el establecimiento carcelario no supone, por sí misma, un menoscabo a la vida o a la integridad personal de la peticionante”, afirmaron. También recordaron que el artículo 10 del Código Penal faculta, pero no obliga, a los jueces a conceder este tipo de beneficios a personas mayores de 70 años.

Además, los fiscales se opusieron a que sea la custodia personal de Cristina Kirchner —actualmente a cargo de fuerzas federales— la encargada de controlar la pena, tal como lo propuso su abogado, Alberto Beraldi, por considerar que dichos agentes “no son personal penitenciario ni especializado en la materia”. En caso de que el TOF 2 igualmente acepte el pedido, los fiscales solicitaron que se le coloque una tobillera electrónica, algo que la defensa había calificado de “innecesario” y de “dilapidación de recursos públicos”.

El contexto judicial ocurre en paralelo al avance del operativo de seguridad en Comodoro Py, donde este miércoles se espera una movilización organizada por el Partido Justicialista y La Cámpora, con la consigna de acompañar a la exmandataria. De hecho, Cristina Kirchner había anunciado que se presentaría personalmente ante el tribunal, pero se especula con que el juez Gorini podría notificarle virtualmente la detención para evitar una escalada del conflicto político en las calles.

A pocas horas de la convocatoria, señala el diario La Nación, la zona de Tribunales se encuentra blindada: hay ingresos cerrados, mayor presencia policial, y se restringió la circulación incluso dentro del edificio. Según trascendió, algunos empleados judiciales no asistirán a trabajar ante el posible caos. En paralelo, se mantiene una vigilia de militantes frente al domicilio de Cristina Kirchner, en San José y Humberto Primo, donde se refuerza el operativo de custodia.

La decisión final del TOF 2 es inminente y podría definirse antes del mediodía. Mientras tanto, el clima político y judicial en Buenos Aires es de máxima tensión. La incógnita no solo es si Cristina Kirchner será detenida o no, sino también cómo impactará esta resolución en la calle, con una militancia movilizada y un Gobierno que busca contener la escena sin agravar la crisis.