Investigan un hackeo a las FFAA que filtró información de 50 mil efectivos

El Gobierno nacional se encuentra investigando un grave incidente de seguridad informática que habría afectado a las Fuerzas Armadas, con la filtración de datos sensibles de al menos 50 mil agentes del Ejército Argentino. La información comprometida incluye documentos de identidad (DNI), destinos de servicio, registros de viajes, domicilios familiares y certificaciones académicas. A raíz de una denuncia formal del Ejército, la Justicia ya tomó intervención en el caso.

El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, trabaja de forma conjunta con las áreas de ciberdefensa y seguridad informática militar para identificar el origen y alcance del ataque. “Se han llevado a cabo todos los protocolos establecidos para reforzar la seguridad de la información administrativa y ejecutar medidas especiales sobre los sistemas de acceso”, señalaron fuentes oficiales. A su vez, aclararon que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y aún no se identificó a los responsables del ataque.

La noticia generó sorpresa en distintas áreas del Ejecutivo, donde no se tenía conocimiento previo de la publicación de los datos en internet. Incluso en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), dirigida por Sergio Neiffer, y bajo la coordinación operativa de Diego Kravetz, no habían sido informados sobre el hecho hasta avanzada la noche del martes. Según trascendió, también la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), a cargo de Ariel Waissbein, ya comenzó a monitorear el caso.

Desde el Ejecutivo explicaron que la información filtrada corresponde a datos administrativos y que “no comprometerían las capacidades operativas de la Fuerza”. No obstante, el Ejército emitió un comunicado oficial donde reconoció haber recibido alertas sobre un “incidente de Seguridad de la Información”, y confirmó que se encuentra en etapa de análisis para determinar la veracidad y la atribución del ataque. Además, no descartan ampliar la denuncia judicial con nueva documentación.

Este incidente ocurre en un momento en que el Gobierno busca ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. A través del decreto 1112/24, el Ejecutivo autorizó su participación en el combate contra amenazas externas no estatales, como organizaciones terroristas, dentro del territorio nacional. También se prepara una nueva Ley de Seguridad Nacional, que podría otorgarles mayores atribuciones, incluyendo la posibilidad de derribar aeronaves que violen el espacio aéreo.

El Gobierno continúa negociando la compra de nuevo equipamiento tecnológico para reforzar la central de Inteligencia, en articulación con organismos internacionales como la CIA (Estados Unidos) y el Mossad (Israel). Además, en el marco del decreto 1112/2024, se les otorgaron a los militares mayores facultades de control en las fronteras, como la posibilidad de realizar detenciones temporales a civiles. Nación también evalúa medidas migratorias más estrictas ante posibles movimientos regionales derivados de la crisis económica en Bolivia.

Con información de TN