Redefinieron el acceso a las prepagas: se evita la triangulación y se elimina a los intermediarios

El 1 de diciembre de 2024 fue la fecha límite establecida para que todas las entidades que ofrecen planes de salud financiados con fondos de la seguridad social se inscribieran en el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud. Esta medida, impulsada por la Superintendencia de Servicios de Salud, busca garantizar que las entidades operen dentro del marco legal y bajo un control regulado. Según informaron fuentes del organismo a Infobae, en caso de incumplimiento, “se impediría la comercialización de los planes, lo que podría derivar en la apertura de procedimientos sumariales y la imposición de sanciones”.

Además, la resolución estableció cambios en la forma en que los beneficiarios se vinculan con las prestadoras de servicios de salud. A partir de esta normativa, se elimina la intermediación de entidades que intervenían en la derivación de aportes, afectando a un universo de casi 1.400.000 personas y más de 30.000 millones de pesos mensuales. Desde la Superintendencia explicaron que esta medida permite que los aportes lleguen directamente a las entidades responsables de los planes de salud, brindando a los beneficiarios un acceso más directo a los servicios médicos.

La Resolución 3284/24 también tiene como objetivo evitar la triangulación de fondos, un mecanismo que permitía que los aportes pasaran por diversos intermediarios antes de llegar a las entidades de medicina prepaga. Según la Superintendencia de Servicios de Salud, “la eliminación de esta intermediación permitirá un uso más eficiente de los recursos, mejorando la administración y control de los fondos”. Asimismo, destacaron que esta decisión pone fin a la existencia de obras sociales “sin actividad real”, lo que generará un ahorro para los beneficiarios al eliminar costos adicionales de intermediación, que oscilaban entre un 3% y un 10%.

En el marco del reordenamiento del sistema de salud impulsado por el Ministerio de Salud, la Superintendencia tomó esta decisión para regular el destino de los aportes y evitar la concentración de fondos en mecanismos poco transparentes. Desde el organismo explicaron que “el anterior sistema permitió que se concentraran más de 30.000 millones de pesos al mes, es decir, 300 millones de dólares al año, operando de esta manera durante los últimos 20 años”. Con la entrada en vigencia de la nueva normativa, las entidades tendrán 60 días para adaptarse al esquema o enfrentar sanciones.

El gobierno enfatizó que esta regulación devuelve a los trabajadores el control sobre sus aportes y les otorga libertad para elegir con qué prestadora desean continuar. “El beneficiario tendrá 60 días para decidir si mantiene sus aportes en la prepaga o si prefiere regresar a la obra social”, informaron desde la Superintendencia. A su vez, destacaron que esta medida forma parte de las metas de la administración del presidente Javier Milei para garantizar la transparencia en el sistema de salud y erradicar prácticas cuestionables.

Por último, desde la cartera de Salud aseguraron que seguirán trabajando en la fiscalización de los Agentes del Seguro de Salud y en la eliminación de irregularidades que afectan el sistema. “Este control estricto garantiza un uso eficiente de los recursos de la seguridad social, asegurando que los fondos destinados a la cobertura médica sean utilizados de manera transparente y justa para todos los beneficiarios”, afirmaron. Además, destacaron que la decisión del ministro Mario Lugones de poner fin a las obras sociales de funcionamiento cuestionable permitirá optimizar el sistema de salud y mejorar el acceso de los ciudadanos a los servicios médicos.

Con información de Infobae