Tras la marcha y el veto, las universidades desmienten al Gobierno y exigen financiamiento
El organismo realizó una publicación en las redes sociales.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) desmintió este viernes al Gobierno en el marco del conflicto por el veto a la Ley de Financiamiento. En un comunicado, el organismo que integra la Universidad Nacional del Sur y otras casas de altos estudios del interior del país, aseguró que son falsas las aseveraciones del oficialismo tales como que las universidades no son auditadas o que los salarios de sus trabajadores están por encima del de los empleados públicos.
“Las universidades públicas de Argentina se pronuncian ante la difusión de una serie de mentiras que las involucran”, comienza la publicación que se difundió este viernes en las redes sociales. En ese marco, señalan que “es falso que las universidades inventen estudiantes para cobrar más fondos”, en respuesta a la dura acusación que realizaron diferentes funcionarios del Gobierno.
“En Argentina el presupuesto universitario no se asigna a las universidades por cantidad de estudiantes. Se actualiza según el último presupuesto consolidado y tienen en cuenta varios componentes como salarios docentes y no docentes, gastos de funcionamiento e inversión para ciencia y tecnología”, argumentó la cuenta oficial del CIN.
Otro de los puntos principales del comunicado afirma que “es falso que los pobres no estén en las universidades”. En ese sentido, señala: “El 48,5% de los estudiantes inscriptos en materias de 2024 están por debajo de la línea de pobreza (EPH-INDEC). Casi siete de cada diez alumnos de los 2 millones que componen el sistema universitario público argentino tienen padres y madres que no fueron a la universidad”.
Otra de las críticas con las que insistió el Gobierno de Javier Milei en los últimos días es con la idea de que las casas de estudio no son auditadas. Al respecto, las universidades respondieron: “Los gastos de las universidades se componen en un 90% en salarios (registrados) y un 1’% en gastos de funcionamiento (servicios públicos, limpieza, seguridad, seguros, reparaciones y un mínimo equipamiento) que se rinde. Las universidades son las entidades del sector público más controladas y auditadas (incluso lideran el ranking que elabora la Agencia de Transparencia de la Jefatura de Gabinete de la Nación). Tienen auditorías internas propias y externas del Congreso de la Nación, más evaluaciones de gestión propias y externas de la CONEAU. Todos los meses entregan al Ministerio de Capital Humano su información de personal y presupuesto”.
De acuerdo al texto de la CIN: “Es falso que los salarios en las universidades estén por encima del sector público en general”. Y añade: “Los trabajadores universitarios perdieron más que ningún otro asalariado desde diciembre de 2023, incluso más que los empleados públicos del Estado Nacional”.
En la misma línea, detalla que los salarios de más del 85% de los docentes de las universidades nacionales están por debajo de la línea de la pobreza, mientras que más del 60% de las y los no docentes se encuentran en esa misma situación. A su vez, indica que la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores universitarios durante 2024 fue de más del 30%.
Por último, las universidades aseguran que además es falso que la Ley de Financiamiento Universitario atente contra el equilibrio fiscal. “La Ley de Financiamiento Universitario aprobada en ambas cámaras del Congreso de la Nación por amplia mayoría, representa apenas el 0,14% del PBI”, señalaron.
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