El Gobierno acelera el decreto de la reforma laboral y enviará tres proyectos al Congreso

El Gobierno acelera el decreto que reglamenta la reforma laboral y prepara el envío de tres proyectos electorales al Congreso. El Ejecutivo planea reactivar la agenda legislativa y trabaja también sobre el capítulo energético de la Ley Bases.

En septiembre, la Casa Rosada planea dar un fuerte impulso a la reforma de la Ley de Partidos Políticos, buscando digitalizar el reempadronamiento de afiliaciones y ajustar las estructuras jurídicas partidarias.

Otro de los proyectos contempla modificaciones en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Entre las propuestas, se destaca la eliminación de varios artículos relacionados con los aportes públicos de campaña, la impresión de boletas y la distribución de fondos. Además, se pretende aumentar el límite de las contribuciones privadas, permitiendo que una entidad aporte hasta el 20% de los gastos de campaña, una medida que podría cambiar significativamente el panorama electoral.

El tercer proyecto es el de la modificación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El Ejecutivo quiere eliminarlas, pero está negociando para poder reducir su gasto en boletas y operatividad ante la negativa de los bloques aliados.

La Boleta Única de Papel (BUP) ya tiene media sanción y comenzó a tratarse en comisión en el Senado. El proyecto de ficha limpia tiene estado parlamentario y la mesa chica de Balcarce 50 quiere fijar en sentencia de Casación el límite para inhabilitar candidaturas electorales.

El equipo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se encargó de avanzar sobre los detalles jurídicos y reglamentarios de los títulos IV y V -Promoción del Empleo Registrado y Modernización laboral-, que la Casa Rosada quiere publicar la próxima semana en el boletín oficial.

Se trata de la creación de un fondo de cese de desempleo optativo por convenio y actividad al estilo de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y el establecimiento de un período de prueba de seis meses con posibilidad de extensión a ocho meses en casos de empresas que tengan entre seis y cien trabajadores.

Además, se eliminan multas para empleadores que no registren correctamente a sus trabajadores y se flexibilizan las condiciones laborales. Se introduce también una disposición que agrava las indemnizaciones en caso de despido discriminatorio, elevando el pago en un 50% y hasta un 100% si un juez lo confirma.

Con información de TN