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Liberación de presos en situación de riesgo: “Son unos 2300 los casos a revisar”

El procurador Julio Conte Grand explicó en La Brújula 24 los alcances de la resolución que les abre la puerta a un gran número de presos para obtener la prisión domiciliaria.

Julio Conte Grand, Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, aclaró hoy en LA BRÚJULA 24 cómo será el mecanismo legal que evaluará la liberación de presos en situación de riesgo por el coronavirus.

Se trata de una resolución dictada por el Tribunal de Casación bonaerense que les abre la puerta a un gran número de presos para que vuelvan a sus hogares bajo la figura de prisión domiciliaria. Y no faltó la polémica.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, Conte Grand explicó que “hemos instruido a los defensores para que hicieran una revisión de todos los privados de la libertad que están calificados como personas de riesgo”.

En tal sentido, señaló que se trata de aquellas personas que se encuentran encuadradas dentro de esa calificación por la Organización Mundial de Salud (OMS). “Son personas de más de 65 años, con diabetes, que padecen insuficiencia renal, trasplantados, con patologías oncológicas, con enfermedades respiratorias o cualquier otro caso grave”, indicó.

Y dijo que “si en función de la pena y características del delito se justifica solicitar a los juzgados intervinientes la chance de un arresto domiciliario, le pedimos también a los fiscales para que participaran de forma inmediata en la resolución de estos temas y acelerar una resolución”. 

“No son todos, el universo de riesgo está formado aproximadamente por 2300 personas, y de eso nosotros estimamos que habrá unos 700 casos que puedan estar habilitados para hacer una segunda revisión más rigurosa”, señaló el profesional.

Respecto de la opinión general y la polémica que desata dicha normativa, Conte Grand remarcó que “una cosa que preocupa a la gente es que cómo se controla a estas personas”, y manifestó que “un mecanismo es el brazalete electrónico, que no se usa en todos los casos por razones de diversa índole, y después hay otros que se aplican siempre como el seguimiento por parte del patronato de liberados, la presencia de consignas policiales estáticas o dinámicas, la constitución de garantías personales. Es decir que hay un sistema que funciona bien y de algún modo permite resolver estas cuestiones”.

“Además hay que considerar que en la mayoría de los casos se trata de personas con limitaciones físicas. Una vez finalizada la pandemia se vuelve a analizar la situación en función de la normalidad”, sostuvo.  

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