Imputaron al bahiense detenido por amenazar de muerte al Papa

La Justicia Federal imputó por amenazas e intimidación pública al bahiense de 58 años que había sido detenido el domingo pasado, acusado de realizar una amenaza de muerte contra el papa León XIV, poco antes de su llegada a la Argentina. Se trata de Fabio Ariel Perrone, quien había sido arrestado en un domicilio de calle Cramer al 700, tal como informó La Brújula 24.

Según comunicó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el fiscal Carlos Martínez, a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Mar del Plata, formalizó la investigación penal en una audiencia realizada el martes, en la que también participó el auxiliar fiscal Juan Martín Vera.

La causa se inició el pasado sábado 7 de noviembre, alrededor de las 22, cuando la Central de Atención Telefónica de Emergencias 911 de Mar del Plata recibió un llamado en el que se transmitió una amenaza de muerte anónima contra el Sumo Pontífice.

Debido a la gravedad del mensaje y su vinculación con la inminente llegada del Papa, esas actuaciones fueron remitidas a la Justicia Federal por la División Antiterrorismo de la Policía bonaerense.

Los investigadores lograron determinar la titularidad de la línea telefónica utilizada, ubicada en Bahía Blanca, y posteriormente establecieron el domicilio del sospechoso. Con la información, la Fiscalía solicitó las órdenes de allanamiento, requisa y detención, que fueron autorizadas y ejecutadas durante la tarde del domingo.

El procedimiento contó con la intervención del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y la División de Investigación Cibercrimen Regional Sur V de la Policía bonaerense. Durante el operativo, los efectivos encontraron en poder del acusado el teléfono celular desde el cual, según la investigación, se había realizado la llamada amenazante.

Tras su detención, Perrone fue trasladado a la comisaría de Tornquist, donde permaneció alojado hasta la audiencia de formalización. En esa instancia, el fiscal le atribuyó los delitos previstos en los artículos 149 bis y 211 del Código Penal, correspondientes a amenazas e intimidación pública.

Por su parte, el juez de Garantías Santiago Inchausti estableció un plazo de 90 días hábiles para avanzar con la investigación y dispuso una serie de medidas para garantizar que el imputado permanezca a disposición de la Justicia. Entre ellas, deberá mantener su domicilio en Bahía, cumplir con las condiciones de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y no abandonar la ciudad sin autorización judicial.

El magistrado también resolvió que recuperara la libertad bajo esas restricciones, mientras continúa la investigación para determinar su responsabilidad penal.