Malvinas: proyecto enviado por Milei abre una polémica por las penas contra la "desinformación masiva"

El proyecto de ley de defensa de la soberanía de Malvinas enviado por el Gobierno a la Cámara de Diputados generó cuestionamientos en sectores de la oposición, constitucionalistas y entidades periodísticas por un artículo que propone penas de prisión para quienes realicen “campañas de desinformación masiva” bajo determinadas condiciones.

La iniciativa plantea modificar el artículo 225 bis del Código Penal para castigar con entre cinco y 12 años de cárcel a quien, actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero, altere procesos electorales o manipule la opinión pública mediante acciones coordinadas de desinformación. También contempla penas de entre ocho y 15 años cuando se promuevan o financien actos de violencia o sabotaje y medien amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales.

Desde distintos bloques opositores advirtieron que la redacción podría habilitar una aplicación discrecional. El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, sostuvo: “Lo que quiere es concentrar más poder y tener una herramienta penal de persecución política”. Además, cuestionó que una disposición de estas características sea incorporada dentro de una iniciativa vinculada con Malvinas.

Especialistas en derecho constitucional también expresaron reparos. Andrés Gil Domínguez afirmó que “el tipo penal es muy abierto y puede ser utilizado para perseguir opositores”, mientras Diego Armesto señaló que la norma podría ubicarse al límite de la “censura previa”. Félix Lonigro, por su parte, consideró riesgoso incorporar un concepto tan amplio como el de “desinformación”, por su eventual impacto sobre la libertad de expresión.

Desde La Libertad Avanza relativizaron las críticas y remarcaron que todavía debe definirse el recorrido parlamentario del proyecto, cuyo tratamiento podría comenzar en octubre.

Las advertencias también llegaron desde organizaciones civiles y entidades periodísticas. Poder Ciudadano manifestó preocupación por la posibilidad de que la norma derive en mecanismos de censura. Fopea cuestionó la falta de precisión de expresiones como “manipular la opinión pública” y “desinformación”, al considerar que dejan un amplio margen interpretativo. ADEPA informó que analiza el articulado para determinar su alcance y su posible incidencia sobre la libertad de expresión.

La discusión se trasladará ahora a las comisiones de la Cámara baja.

Con información de La Nación