Caso Sport Club: "Secuestrar los celulares parece invasivo porque siempre estuvimos a disposición"

La defensa de los propietarios del gimnasio Sport Club presentó un habeas corpus preventivo ante la posibilidad de que se dispongan detenciones u otras medidas que puedan afectar las garantías de sus representados en la causa por la muerte del abogado Juan Cafasso.

Agustín Robbio, uno de los letrados que patrocina a Ariel y Graciela Vecchi y Germán Decker, explicó que la acción fue interpuesta después de tomar conocimiento de la orden para entregar los teléfonos celulares de los responsables del establecimiento.

“Ante esta incertidumbre, esta defensa presentó una acción de hábeas corpus para solicitarle al juez que nos informara si esa medida también pesaba sobre otro de nuestros representados”, señaló.

El abogado indicó que el procedimiento se desarrolló durante la feria judicial y mientras tres de sus clientes se encontraban fuera de Bahía Blanca. Uno de ellos, Ariel Vecchi, estaba fuera del país y entregaría su dispositivo al regresar.

Robbio remarcó que los propietarios no fueron notificados de una imputación formal ni informados de que existiera una investigación dirigida específicamente en su contra. En ese contexto, consideró que la entrega de los teléfonos podría haberse coordinado mediante una comunicación previa con la defensa.

“Con una simple notificación a esta parte se hubiese cumplimentado la medida, sin necesidad de enviar a la DDI a los domicilios”, afirmó.

El letrado sostuvo que desde el inicio de la causa sus asistidos mantuvieron una actitud de colaboración con la Fiscalía. Según detalló, permitieron el ingreso al gimnasio para realizar pericias y entregaron información sobre socios y otros aspectos vinculados con el funcionamiento del lugar.

“Hemos sido desde el día uno colaborativos con la instrucción. Cada vez que el fiscal requirió efectuar pericias, estuvimos dispuestos a abrir el establecimiento y aportar todo lo solicitado”, expresó.

También aseguró que la defensa evitó realizar declaraciones públicas durante las primeras semanas por respeto a la familia de Cafasso. “Hemos sido muy respetuosos de este hecho desafortunado y no quisimos salir a decir nada que pudiera ahondar aún más el dolor de la familia”, manifestó.

Robbio calificó el secuestro de los dispositivos como una medida “invasiva” y anticipó que analizarán su pertinencia una vez que accedan a las resoluciones y pedidos que la fundamentaron.

La Fiscalía busca determinar, mediante el análisis de las comunicaciones, si antes de la caída existieron conversaciones o advertencias relacionadas con las condiciones del entrepiso desde el que cayó Cafasso.

Sobre ese punto, el abogado rechazó que sus clientes tuvieran conocimiento de un eventual riesgo. “Si hubiesen sabido que ese entrepiso era riesgoso, lo hubiesen resuelto, teniendo en cuenta todo lo que invirtieron para poner en funcionamiento un emprendimiento de esas características”, sostuvo.

Además, señaló que los propietarios contrataron profesionales para ejecutar las obras y tramitar los permisos correspondientes. Agregó que tanto la Fiscalía como el Juzgado de Faltas autorizaron el levantamiento de la clausura, aunque el gimnasio todavía no puede retomar su actividad.

Robbio indicó que unas 35 familias dependen del establecimiento y que los salarios continúan siendo abonados mientras se completan las medidas necesarias para avanzar con la reapertura.