El Gobierno prepara un cambio para abaratar el costo de cobrar con tarjeta de crédito

El Gobierno trabaja en un nuevo esquema para reducir el costo financiero que afrontan los comercios cuando necesitan adelantar el dinero de sus ventas con tarjeta de crédito. La iniciativa es impulsada por el Banco Central (BCRA) y busca generar mayor competencia en un negocio que actualmente está concentrado en pocos jugadores.

La idea es bastante sencilla: que los cupones generados por una compra con tarjeta puedan negociarse de manera similar a un cheque o una factura de crédito. Es decir, el comerciante tendría la posibilidad de ceder ese derecho de cobro a un tercero, recibir el dinero antes del vencimiento y pagar a cambio una tasa de descuento.

Hoy, cuando una persona compra con tarjeta, el comercio no siempre recibe el dinero de inmediato. Incluso en operaciones realizadas en un solo pago, la acreditación puede demorarse varios días hábiles. Si necesita la plata antes, puede anticipar el cobro, aunque generalmente lo hace a través de la misma empresa que procesa sus operaciones.

Allí está uno de los puntos que quiere modificar el BCRA. Actualmente, Mercado Pago, Payway y Fiserv concentran buena parte del mercado de adquirencia, por lo que además de procesar las ventas cuentan con la información necesaria para ofrecer el adelanto de los cupones. Cada empresa determina la tasa que cobra por ese servicio y el comerciante dispone de alternativas limitadas.

Con el nuevo sistema, esos cupones podrían ponerse a disposición de otros bancos o compañías financieras interesadas en comprarlos. El atractivo está en que se trata de créditos con un riesgo relativamente bajo: quien debe cancelar el pago al comercio es el banco emisor de la tarjeta y no directamente el cliente que realizó la compra.

La apuesta oficial es que, con más entidades compitiendo por esos créditos, bajen las tasas que pagan los comerciantes por hacerse del dinero antes de tiempo. En otras palabras, un negocio podría comparar distintas propuestas y elegir quién le ofrece mejores condiciones, en lugar de quedar prácticamente atado al adquirente con el que procesa sus ventas.

El proyecto todavía debe terminar de definirse antes de ponerse en marcha, pero cuenta con respaldo dentro del sistema financiero. Si logra traducirse en menores costos, el Gobierno espera que el efecto pueda reflejarse en mejores márgenes para los comercios, mayor capacidad de inversión y, eventualmente, menores presiones sobre los precios al consumidor.

Con información de El Día