Caso Sport Club: la defensa de los dueños presentó un habeas corpus

La defensa de los propietarios de Sport Club presentó un habeas corpus preventivo con el objetivo de anticiparse a una posible medida que pudiera afectar su libertad, como una eventual detención, en el marco de la investigación por la muerte del abogado Juan Cafasso.

Según pudo saber La Brújula 24, el planteo fue interpuesto por el abogado de Mar del Plata, Agustín Robbio, luego de que la Fiscalía ordenara secuestrar los teléfonos celulares de dueños y encargados del gimnasio. El letrado alega que no existe ninguna imputación formal.

El recurso funciona como una advertencia judicial frente a una presunta amenaza inminente contra la libertad ambulatoria. La legislación establece que esta herramienta puede utilizarse cuando existe una amenaza actual de restricción ilegítima de la libertad sin una orden escrita de una autoridad competente.

Con la presentación, la defensa busca que un juez intervenga antes de que se adopte una medida que considera contraria a las garantías de sus representados. El planteo no implica por sí mismo la suspensión de la investigación, sino que apunta a cuestionar preventivamente una eventual privación de la libertad.

La medida fue presentada después del secuestro de celulares, notebooks y pendrives pertenecientes a responsables del establecimiento. La Fiscalía pretende analizar las comunicaciones registradas desde septiembre de 2025 hasta el día de la muerte de Cafasso.

Los investigadores buscan determinar si antes de la caída existieron conversaciones, llamadas o advertencias relacionadas con los riesgos edilicios del entrepiso, las barandas o las condiciones de seguridad del sector.

También se intenta establecer si los propietarios, administradores y encargados conocían esos posibles problemas y qué decisiones adoptaron antes del episodio ocurrido dentro del centro de entrenamiento.

Cafasso murió luego de caer desde una altura aproximada de 3,5 metros. Entre los elementos incorporados al expediente aparecen testimonios sobre objetos que habrían caído previamente desde el mismo sector, una circunstancia que la Fiscalía analiza como posible señal de advertencia.

La causa tramita bajo la calificación de homicidio culposo y se encuentra a cargo del Juez de Garantías, Alberto Manzi, y el fiscal es Cristian Aguilar, titular de la UFIJ Nº 1. Hasta el momento, la investigación procura establecer si existieron imprudencias, negligencias o incumplimientos de las normas de seguridad que tuvieron relación con la muerte del abogado.