Caso Matanutrias: la Justicia ya investiga las más de 3 mil amenazas halladas en los celulares

La causa conocida como “Matanutrias” sumó un nuevo capítulo judicial. Además del avance en la investigación por la muerte del coipo, la Justicia comenzó ahora a analizar las más de 3 mil amenazas que habrían recibido los jóvenes imputados tras la viralización del video.

Según pudo saber La Brújula 24, la apertura de los teléfonos celulares secuestrados permitió encontrar el material audiovisual que los propios jóvenes habrían subido a redes sociales y que luego derivó en una fuerte repercusión pública. Sin embargo, el dato novedoso dentro del expediente fue la enorme cantidad de mensajes intimidatorios detectados en los dispositivos.

Esas amenazas, muchas de ellas de extrema gravedad, serán investigadas en una nueva línea judicial y quedarán a cargo de otro fiscal. La medida abre un expediente paralelo al que ya tramita por el ataque contra el animal.

El caso tuvo impacto local y nacional luego de que se difundiera el video en el que se observa la agresión contra un coipo en la zona de Paraguay al 500. A partir de la denuncia presentada por la Fundación Grupo Alianza Animal, la investigación avanzó con allanamientos en Bahía y Huanguelén, donde se secuestraron celulares y otros elementos de interés para la causa.

En la causa principal están imputados Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, ambos oriundos de Huanguelén, quienes ya fueron llamados a declarar ante la fiscal Marina Lara y optaron por guardar silencio. Esa decisión forma parte de sus garantías procesales y no implica admisión de responsabilidad.

Ahora, el peritaje digital aparece como una pieza clave. Por un lado, permitirá reconstruir cómo se registró la secuencia, quién la difundió y qué rol tuvo cada uno de los involucrados. Por otro, expuso un segundo frente penal: la reacción posterior en redes sociales, con miles de mensajes amenazantes dirigidos contra los acusados.

La nueva investigación buscará determinar el origen de esas intimidaciones, identificar a sus autores y establecer si configuran delitos. En ese punto, los investigadores deberán analizar no solo el contenido de los mensajes, sino también las cuentas desde las que fueron enviados y el nivel de gravedad de cada amenaza.

De esta manera, el expediente que comenzó por el ataque contra un animal derivó en otro capítulo judicial vinculado al hostigamiento digital y la violencia en redes. Mientras la causa principal sigue su curso para determinar responsabilidades por la muerte del coipo, la Justicia deberá avanzar ahora sobre las más de 3 mil amenazas que aparecieron en los teléfonos secuestrados.