"Busca impunidad": piden ayuda para capturar al violador de una niña de 11 años

La familia de una víctima de abuso sexual infantil pidió ayuda para capturar a Alberto Martín Del Valle, un hombre de 56 años que permanece prófugo desde hace 14 años y tiene pedido de captura vigente desde 2012. Está imputado en una causa por abuso sexual agravado en concurso real con tentativa de aborto, por hechos ocurridos en la vecina localidad de Puan y que tuvieron como víctima a una niña de 11 años.

El caso fue expuesto en el programa "Bahía Hoy", emitido por La Brújula 24, por Yamila Segovia, abogada y familiar de la víctima, quien reclamó que se intensifiquen las medidas para dar con el acusado y advirtió que el expediente atraviesa una instancia clave por el análisis de una eventual prescripción de la acción penal.

“Alberto Martín Del Valle está buscando la impunidad”, sostuvo Segovia, al remarcar que el imputado nunca se presentó ante la Justicia y que, según la investigación, habría utilizado distintas identidades para mantenerse oculto durante todos estos años.

De acuerdo con el relato de la abogada, los hechos ocurrieron en 2009 y salieron a la luz cuando se descubrió que la víctima cursaba un embarazo. “Esto ocurrió en la localidad de Puan en el 2009. Se descubren los abusos que estaba teniendo por parte de mi padrastro. Luego de reiterados abusos, ella a los 11 años comienza a gestar y termina teniendo un bebé”, contó.

Segovia explicó que la prueba de ADN permitió acreditar que Del Valle era el padre de la criatura y señaló que en el expediente también se incorporaron otros elementos probatorios. “Cuando nace ese bebé se puede determinar que él era el autor material, porque con el ADN era prueba suficiente. Aun así, igual se tomaron testimoniales y se pudo determinar de manera muy rápida que Alberto Martín Del Valle era el culpable de esta situación”, afirmó.

La causa quedó caratulada como abuso sexual agravado en concurso real con tentativa de aborto. Según indicó, antes de que el embarazo se hiciera evidente para la familia, el acusado habría trasladado a la niña a la ciudad de Buenos Aires con la intención de someterla a una práctica clandestina de aborto, aunque el procedimiento no llegó a concretarse.

“Esta persona lo había advertido antes que toda la familia. Entonces, con una excusa de que tenía que ir a Buenos Aires, la lleva a un lugar clandestino para practicarle un aborto”, relató Segovia. También aseguró que la víctima mencionó la existencia de un arma que luego fue secuestrada e incorporada al expediente.

“Acá no nos estamos agarrando de un relato de una niña. Acá tenemos pruebas por demás”, remarcó la abogada durante la entrevista.

El pedido de captura fue librado en 2012, pero Del Valle ya se encontraba prófugo. “Para ese entonces, esta persona ya estaba completamente prófuga de Puan”, señaló Segovia, quien contó que durante años la familia consultó por el avance de la búsqueda sin obtener resultados concretos.

La abogada explicó que el impacto del caso en su familia la llevó a estudiar Derecho para poder intervenir de manera directa en el expediente. “Fui creciendo con todo el dolor y con lo que significó para nosotros esta situación. Decidí comenzar a estudiar Derecho porque creía que era la única forma de poder impulsar”, expresó.

Ya constituida como particular damnificada, comenzó a trabajar junto a otros profesionales para reactivar la causa. En ese marco, destacó la labor de la Oficina Técnica de Identificación de Procesados, especialmente de Celeste Peralta, y el acompañamiento del fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández.

Según la información reunida en la investigación, Del Valle habría reconstruido su vida en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires utilizando otros nombres. Entre las identidades mencionadas aparecen Martín Morales y Martín Lescano. También, de acuerdo con Segovia, se hacía llamar “Java” o “Jabalí”.

“Se determinó que esta persona construyó toda una vida en Mar de Ajó, con otro nombre”, afirmó. Además, sostuvo que el acusado habría evitado realizar trámites administrativos con su verdadera identidad. “Nunca ha hecho ningún acto administrativo con su nombre. Ni siquiera renovar el documento, ir a votar. No ha hecho nada”, indicó.

La búsqueda se concentró en zonas del conurbano bonaerense, como Florencio Varela, Bosques, Quilmes y Bernal, y también en la costa atlántica, especialmente en Mar de Ajó. Sin embargo, hasta el momento no pudo ser detenido.

“Siempre que estábamos cerca buscaba la forma de escapar. Se advertía y no podían capturarlo”, afirmó Segovia. Para la familia, esa situación demuestra que el acusado podría contar con ayuda para evadir a la Justicia.

Otro de los puntos que más preocupa es que, durante su fuga, Del Valle habría estado vinculado a espacios donde concurrían niños y adolescentes. Segovia sostuvo que vivió en un lugar donde funcionaba un comedor infantil y que también habría estado relacionado con una iglesia con actividades para menores.

“Lo terrible es que se fue comprobando que siempre se mete en lugares donde hay niños”, advirtió. Y agregó: “No es que fue una conducta aislada. Es importante que podamos difundir su foto”.

Durante la entrevista, Segovia dijo que en Mar de Ajó se generó una fuerte repercusión a partir de la difusión del caso y que surgieron testimonios de jóvenes que habrían tenido situaciones vinculadas al acusado. “Han aparecido chicas contando que esta persona las seguía. Situaciones que obviamente es difícil para las víctimas denunciar”, sostuvo.

El debate judicial por la posible prescripción de la causa es uno de los aspectos centrales del expediente. En el programa, se explicó que la prescripción no opera de manera automática y que deben analizarse posibles actos interruptivos, entre ellos la eventual comisión de nuevos delitos durante el período en que el imputado permaneció prófugo.

Segovia cuestionó que una persona acusada pueda mantenerse fuera del alcance de la Justicia durante años y luego intentar beneficiarse por el paso del tiempo. “No puede ser que los violadores usen este hueco de la ley”, planteó. Y agregó: “Es aterrador que un violador pueda cometer estos delitos y valerse de un artículo que no contempla a la fuga como un acto que interrumpe la prescripción”.

La abogada señaló que existe una decisión vinculada al análisis de la prescripción que se encuentra apelada ante la Cámara Penal. Además, indicó que el Juzgado de Garantías pidió elevar el caso a la Cámara de Diputados para debatir una posible reforma del artículo 67 del Código Penal, que regula los actos interruptivos de la prescripción.

“Sabemos que no es así nomás, pero sí queremos poner en debate que, en un caso tremendo como este, donde una niña fue abusada y sometida a distintas situaciones, una persona pueda quedar impune”, sostuvo.

La familia también pidió que el Ministerio de Seguridad evalúe ofrecer una recompensa económica para aportar información que permita ubicar al acusado. Mientras tanto, difunden datos del caso a través de la cuenta de Instagram @alerta_busqueda_activa.

“La causa está agonizando, así la siento yo. Al día de la fecha tiene pedido de captura y se lo está buscando de manera muy intensa”, concluyó Segovia.