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Cristina Kirchner apeló las restricciones a su prisión domiciliaria: qué argumentó
La defensa cuestionó el uso de la tobillera electrónica, el régimen de visitas y los límites para acceder a la terraza del edificio de San José 1111.
La defensa de Cristina Kirchner apeló las restricciones impuestas en el marco de su prisión domiciliaria y ahora será la Cámara Federal de Casación Penal la que deberá revisar las condiciones fijadas para el cumplimiento de la condena en la causa Vialidad.
El planteo apunta contra la decisión del Tribunal Oral Federal 2, que el 5 de junio rechazó un pedido para retirarle la tobillera electrónica, flexibilizar el régimen de visitas y levantar los límites de acceso a la terraza del edificio ubicado en San José 1111, donde la expresidenta cumple la pena.
Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy sostuvieron que la resolución fue arbitraria y cuestionaron los fundamentos utilizados para mantener las restricciones. En relación con las visitas, afirmaron que el argumento de preservar la tranquilidad del entorno “carece de sustento empírico”, ya que, según señalaron, no hubo quejas de vecinos del edificio.
La defensa también objetó las limitaciones para el uso de la terraza, actualmente fijadas en dos horas por día, al considerar que no se explicó de qué manera una eventual flexibilización podría afectar la convivencia en el lugar.
Otro de los puntos centrales del recurso es la tobillera electrónica. Los abogados remarcaron que su utilización tiene carácter excepcional y que, en el caso de Cristina Kirchner, las condiciones impuestas resultan más severas que las aplicadas a la mayoría de las personas que cumplen prisión domiciliaria. Además, insistieron en que no existe riesgo de fuga que justifique mantener ese dispositivo.
En la presentación también se destacó la “conducta irreprochable” de la exmandataria durante su primer año de detención. Según la defensa, el cumplimiento de las reglas impuestas no tuvo ningún efecto favorable en la revisión de las condiciones de la domiciliaria.
El juez de ejecución Rodrigo Giménez Uriburu había rechazado los planteos al considerar que el acatamiento de las reglas de conducta no habilita, por sí solo, a concluir que las restricciones vigentes perdieron su razón de ser. También sostuvo que la prisión domiciliaria constituye una modalidad excepcional de cumplimiento de pena y que está sometida a mecanismos propios de supervisión y control.
Tal como señala Infobae, la causa quedó ahora en manos de Casación, que deberá resolver si mantiene o modifica las condiciones actuales de la prisión domiciliaria de la expresidenta.
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