Debate maratónico: el oficialismo confía en aprobar la reforma de la ley de glaciares

Con el apoyo de las provincias mineras, el oficialismo y los bloques aliados se aprestan a convertir en ley en la Cámara de Diputados la reforma de la ley de glaciares, iniciativa que apunta a acotar la protección que hoy rige sobre todo el área glaciar y periglacial para permitir la instalación de nuevos proyectos productivos, sobre todo mineros.

Tras conseguir el quorum sin mayores inconvenientes -incluso con el aporte de algunos legisladores cuyos bloques votarán en contra de la reforma-, los libertarios estiman que la votación (prevista para la madrugada del jueves) arrojará entre 135 y 140 votos positivos.

El debate de la reforma, impulsada por el Poder Ejecutivo, divide antagónicamente las aguas en el recinto. Sus defensores insisten en que la iniciativa no afectará la protección que hoy rige sobre los cuerpos de hielo que cumplen una función hídrica comprobada científicamente y desmienten que la provisión de agua esté en peligro.

Sus detractores, en cambio, enfatizan que esta reforma es motorizada por los intereses mineros y que, de ser aprobada, será judicializada por inconstitucional y regresiva. Advierten que viola los presupuestos mínimos de conservación y que la provisión del agua podría verse afectada por la explotación minera.

Hasta ahora, la ley de glaciares sancionada en 2010 confiere una protección total sobre el ambiente glaciar y periglacial por considerarlo reserva estratégica de recursos hídricos y proveedor de agua para las cuencas hidrográficas. El Instituto de Nivología y Glaciología (Ianigla) ya inventarió casi 17.000 cuerpos de hielo a lo largo de la Cordillera de los Andes y las islas del Atlántico Sur.

La reforma, en cambio, establece que esa protección regirá “hasta tanto” las provincias que contienen glaciares comprueben, mediante estudios técnicos más profundos, qué áreas cumplen con esa función hídrica y cuáles no. Las zonas en las que se verifique que no son reservas de agua se podrán sacar del inventario del Ianigla y habilitar allí proyectos productivos, hoy prohibidos.

En suma, con esta reforma, las provincias -y sus gobernadores- tendrán mayor poder de decisión sobre sus recursos naturales como autoridad de aplicación final. Así, la Nación y las provincias esperan destrabar inversiones estimadas en U$S 20.000 millones en proyectos mineros.

Fuente: La Nación