Viudas negras, motochorros y estafas: el Gobierno busca tipificar nuevos delitos y subir las penas

El Gobierno nacional avanzará en el envío al Congreso de un proyecto de ley que funcionará como una primera etapa de la reforma del Código Penal, con el objetivo de tipificar nuevos delitos y endurecer penas en distintas áreas. La iniciativa será más acotada que la reforma integral prevista originalmente —que contemplaba más de 900 artículos— y busca acelerar cambios considerados urgentes mientras se continúa trabajando en una revisión más amplia.

El nuevo texto incorpora un enfoque “pro-víctima”, que obligará a los jueces a considerar de manera prioritaria los derechos de quienes sufren delitos. En ese sentido, se establece la participación obligatoria de la víctima en decisiones clave del proceso judicial, como la suspensión del juicio a prueba, que requerirá su consentimiento.

En materia migratoria, el proyecto suma nuevas figuras penales vinculadas al ingreso y permanencia ilegal de extranjeros, así como al tráfico de personas y fraude migratorio. Las penas previstas van de uno a veinte años de prisión, con agravantes en casos de violencia, engaño o abuso de vulnerabilidad. También se endurecen las sanciones para extranjeros deportados que reingresen al país y para quienes participen en redes de facilitación ilegal.

En el ámbito económico, se incorpora un artículo específico para combatir las estafas piramidales, con penas de tres a doce años de prisión, especialmente cuando las víctimas pierden sus ahorros. Además, se tipifican modalidades delictivas frecuentes como las “viudas negras”, las “salideras”, “entraderas” y los delitos cometidos por “motochorros”, con penas que van desde dos hasta doce años, según la gravedad del caso.

El proyecto también introduce cambios en seguridad vial y penitenciaria. Se endurecen las sanciones por picadas ilegales y se crea un delito específico por tenencia de armas en cárceles. A su vez, se amplía la protección de menores, con penas más severas para el grooming, el abuso sexual infantil y la producción o tenencia de material de explotación sexual.

Finalmente, la iniciativa incluye nuevas disposiciones sobre maltrato animal y refuerza las sanciones por incumplimiento de deberes familiares, como la falta de pago de alimentos. Con este paquete, el Gobierno busca avanzar en una actualización parcial del sistema penal mientras continúa el debate de fondo sobre una reforma integral.

Con información de Infobae