El Gobierno ofrece una ley para compensar a las universidades

La administración del presidente Javier Milei intenta esquivar un fallo adverso de la Justicia y prepara un nuevo proyecto de ley para ampliar fondos para universidades, que reemplazaría a la ley sancionada en 2024, que el Presidente vetó y el Congreso repuso. Si la iniciativa es bien recibida, el oficialismo podría incluir el nuevo proyecto en extraordinarias o esperar a marzo. Hubo dos reuniones en cuatro días con rectores, aunque hay diferencias por el atraso salarial de 2025.

Días atrás, acorralado por la Justicia y ante la posibilidad de que ministros del Gobierno fueran condenados por incumplimiento del deber de funcionario público, el Ejecutivo promulgó el martes la ley de emergencia en discapacidad. El Parlamento también había volteado el veto del mandatario para dejar sin efecto la norma.

En el caso de las casas de estudio, el Ejecutivo promulgó la ley, pero nunca pagó. La norma obliga a actualizar el presupuesto de salarios y funcionamiento por IPC desde diciembre de 2023 hasta ahora: entre un 53% y un 65% en materia de sueldos. La Casa Rosada ganó tiempo al recusar al juez federal Martín Cormick, que había ordenado el inmediato cumplimento del fortalecimiento universitario. El argumento de los abogados del Gobierno fue que el magistrado no podía ser imparcial porque era profesor universitario.

Consciente de que más temprano que tarde, la Justicia fallará en su contra, la administración libertaria activó otra estrategia. Con una nueva ley, las demandas contra el Gobierno quedarían en abstracto. Con ese objetivo, el miércoles por la noche, el subsecretario de Política Universitaria Alejandro Álvarez se comunicó con los rectores para invitarlos el jueves a una reunión con él y el secretario de Educación Carlos Torrendell, que depende del Ministerio de Capital Humano.

Más temprano hubo una reunión de la comisión directiva del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para evaluar el estado de situación. Las autoridades se reunieron ese mismo día con los referentes gremiales de las 56 universidades nacionales.

Los funcionarios del Gobierno ofrecieron una recomposición salarial de 12,3% en tres tramos para completar el ingreso del año pasado. Además se comprometieron a incluir en la nueva ley la reapertura de paritarias cada dos meses para equilibrar las subas de 2026. El mismo monto y mecanismo de compensación se utilizaría para los fondos presupuestarios operativos y gastos de mantenimiento.

El cálculo de los rectores es que el atraso salarial de 2025 es del 14% y también transmitieron que pretenden que la deuda se salde en un único pago o en tres en el primer semestre y no en junio y noviembre como propusieron originalmente desde Capital Humano. De todos modos, manifestaron relativa conformidad. “Con este Gobierno, lo posible es bueno”, se sinceraron en privado.

Fuente: Clarín