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Condenan a Déborah Vallejos y su pareja por la estafa con terrenos
Recibieron seis y tres años de prisión. Fueron hallados culpables en el engaño con la venta de materiales y lotes.
Deborah Antonella Vallejos y su pareja Emmanuel Alejandro Lazzarín fueron condenados en el marco de un juicio abreviado por el juez Gabriel Giuliani, titular del Juzgado Correccional Nº 1, en el marco de una causa por una importante cantidad de estafas cometidas en la ciudad.
En un juicio abreviado, Vallejos recibió una pena de seis años de cárcel y Lazzarín fue sentenciado a tres. Ambos fueron hallados como autores responsables de 45 hechos de estafas y del delito de uso de documento público falso y uso de documento privado falso, este último en relación a 30 hechos relacionados con operaciones inmobiliarias.
La investigación corrió por cuenta de la UFIJ N° 18, a cargo del fiscal Gustavo Zorzano. Además, se les impuso una inhabilitación especial para ejercer el comercio por el plazo de 10 años.
La denuncia de ese hecho se conoció a través de La Brújula 24 donde hablaron varios de los afectados. Poco a poco se fueron conociendo más víctimas, a partir de maniobras que se concretaron a través de las empresas Gestions Grupo Inmobiliario y el Corralón de Materiales DTE.
Una de ellas fue Dora Budareto quien, mirando fijamente la cámara en La Brújula TV, habló dirigiéndose a Vallejo y le reclamó que dé la cara y reintegre el dinero:
“Débora: como te dije en el mensaje que te mandé después. Si vos realmente no tenés nada que ver con esta situación, lo bueno sería que devuelvas la plata que te quedaste. Lo menos que podrías hacer si es que no tenés nada que ver con esta situación. Pero ya vemos que no. Esto no va a quedar así, vamos a seguir. Hasta las últimas vamos a seguir”, indicó Budareto.
Daiana, hermana de Vallejos y abogada de profesión, había intentado, en declaraciones radiales a este medio, una defensa de la ahora condenada: "El que tenga pruebas que las presente".
Vallejo y Lazzarín cometieron estafas en perjuicio de particulares, a través de operaciones irregulares de venta de terrenos de titularidad de la Provincia de Buenos Aires, los que no resultaban aptos para ese tipo de transacciones inmobiliarias, induciendo en error a las víctimas a través de la exhibición de documentación jurídica y notarial apócrifa, como así también de la falsa promesa de que los lotes adquiridos serían escriturados a favor de los adquirentes a través de la Escribanía de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
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